Falsos asesores parlamentarios, documentos apócrifos y una oficina fantasma en Surco: el entramado criminal que desvió S/9 millones de una municipalidad de Chincha
No fue un golpe de inteligencia ni una delación interna lo que tumbó a la organización criminal que acababa de perforar las arcas del distrito de Pueblo Nuevo, en Chincha. Fue una torpeza mayúscula: citar por segunda vez al alcalde que ya habían engañado. Ese error, captado por cámaras de seguridad, permitió a la Policía Nacional desmontar en tiempo récord la operación de ‘Los Arquitectos del Fraude’, una red que, bajo el paraguas de la empresa Aspi –marca FFC (Fusion Fighting Championship)–, logró transferir más de nueve millones de soles usando identidades robadas, facturas falsas y un montaje digno de guion cinematográfico.
El 13 de abril de 2026, tres personas con traje y credenciales falsas –identificadas como Alexander, María y Carlos Raúl– se presentaron en la Municipalidad de Pueblo Nuevo. Vestían formalidad, hablaban con seguridad y aseguraban actuar en nombre del despacho de la congresista Jenny López. Su misión: hacerse pasar por asesores legislativos para ganar la confianza del alcalde Abel Sánchez.
Lo que el burgomaestre no sabía es que esos documentos que firmó esa tarde, pensando que respaldaban proyectos municipales, eran en realidad la llave maestra que abriría las cuentas institucionales. La congresista López, consultada por Latina Noticias, desmintió categóricamente cualquier vínculo: “Jamás solicité reunión con el alcalde ni envié representantes”.
La organización no solo mintió con nombres y cargos: usó documentos de identidad de ciudadanos totalmente ajenos a la trama para dar apariencia de legalidad a sus movimientos. La empresa Aspi, registrada bajo la marca FFC –conocida en el mundo de las artes marciales mixtas– y liderada por los hermanos Jackson y Noelia Mora, fue el vehículo financiero elegido para recibir el botín.
Según el coronel Freddy Delgado, jefe de la División de Investigación de Estafas de la PNP, los estafadores emitieron facturas que simulaban compras de bienes y servicios inexistentes, justificando así ante la banca la transferencia de los fondos municipales. “Formalizaron el desvío como si fuera un pago comercial legítimo”, detalló el oficial.
El 22 de abril, la banda cambió de piel. Ya no eran asesores; ahora se disfrazaron de trabajadores de limpieza para alquilar una oficina en la avenida Encalada, Surco. Allí montaron un set escenográfico con fotografías de la congresista López, buscando darle credibilidad a su fachada. Pero cometieron el mismo error que delata a los malos en las películas: quisieron repetir la jugada y volvieron a citar al alcalde Sánchez.
Esta vez, sin embargo, el funcionario desconfió. Los falsos asesores le pidieron una copia de su DNI electrónico, argumentando que era necesaria para modificar la titularidad de las cuentas municipales. Sánchez se negó rotundamente. Ante el fracaso, los estafadores lo citaron en una cochera del centro de Lima, donde las cámaras de seguridad registraron sus rostros y vehículos, proporcionando a la Policía las primeras pistas concretas.
Pese a la negativa del alcalde, los criminales ya tenían suficiente información para vulnerar el sistema. “Su cuenta fue vulnerada. El DNI electrónico fue usado para cambiar la titularidad de los responsables de las cuentas municipales”, explicó el coronel Delgado. Los funcionarios originales fueron reemplazados en los registros bancarios por integrantes de la organización.
El 23 de abril, poco más de S/9 millones fueron transferidos desde las arcas de Pueblo Nuevo a las cuentas de Aspi/FFC. Horas después, Jackson Mora, Noelia Mora y su socio Daniel Mesones solicitaron cheques de gerencia en una agencia bancaria. Pero el sistema había empezado a crujir: los trabajadores municipales descubrieron que no podían acceder al portal del Ministerio de Economía –sus usuarios habían sido invalidados– y dieron la alarma.
Los bancos lograron frenar parte de la transferencia, pero no todo. Parte del dinero ya había salido del circuito municipal. La investigación reveló que Aspi redirigió fondos a otras dos empresas. Uno de los cómplices, Félix Aldarriaga Guerrero, intentó retirar 400 mil dólares, según confirmó el coronel Delgado, pero ya era tarde para la fuga: los rostros captados en las cámaras de la cochera y el rastro electrónico de las transacciones sellaron el destino de ‘Los Arquitectos del Fraude’.
Lo que comenzó como una estafa de alto vuelo, diseñada con precisión quirúrgica, terminó derrumbada por la negativa de un alcalde a entregar su documento y la decisión de una banda de repetir escenario. La captura de los hermanos Mora y su red no solo expone la vulnerabilidad de los sistemas municipales, sino que deja una lección clara: en el mundo del fraude, a veces el enemigo más peligroso no es la inteligencia policial, sino la propia soberbia del delincuente.
