El rugido silencioso de las motos eléctricas se ha convertido en la banda sonora no oficial de Gamarra. Lo que hace semanas era una rareza, hoy es una estampa cotidiana: decenas de estos vehículos circulan como hormigas entre la estación Arriola y el corazón del emporio textil, ofreciendo viajes exprés sin placas, sin cascos y, lo más grave, sin ningún tipo de supervisión estatal.
Vecinos y comerciantes del distrito de La Victoria observan con creciente preocupación cómo este transporte informal se expande al amparo de la congestión vehicular y la ausencia de controles municipales. Un reportaje de ATV documentó en terreno una realidad que las autoridades parecen mirar de reojo: la moto eléctrica se ha convertido en el nuevo mototaxi, pero con menos reglas y más riesgos.
El recorrido es siempre el mismo: salen desde las inmediaciones de la estación Arriola, bordean la avenida Aviación y desembocan en las calles aledañas a Gamarra, donde la demanda de pasajeros es inagotable. Lo que distingue a estos vehículos es su aspecto impecable: muchos son recién adquiridos, con plásticos aún adheridos a los asientos, pero en ellos viajan familias completas, niños en el regazo de sus padres y adultos mayores sin caso ni protección alguna.
“Todos los días es esto, maestra. Todos los días. Es una vergüenza”, declaró a ATV un vecino del sector, mientras señalaba el incesante flujo de motos que invaden veredas y esquinas. La percepción entre los residentes es unánime: el servicio crece porque no hay quien lo frene, y porque las restricciones al tránsito en otras modalidades han empujado a conductores y pasajeros hacia esta alternativa ilegal.
El peligro no es teórico. Durante una de las tomas del equipo periodístico, una transeúnte fue arrollada por una moto eléctrica justo frente a la estación Gamarra. El conductor, imposible de identificar por la ausencia de placa, intentó subir a la víctima a su vehículo para llevarla al hospital, mientras testigos gritaban desesperados.
“Se está dando a la fuga y la señora está ahí atropellada”, denunció un testigo. La escena dejó al descubierto otra falla del sistema: un fiscalizador municipal, presente en el lugar, se limitó a registrar el incidente con su teléfono móvil, sin auxiliar a la afectada ni retener al infractor. El accidente, lejos de ser aislado, refleja una cotidianidad donde la norma brilla por su ausencia y el peatón queda a merced de conductores sin ninguna obligación legal.
Consultadas por ATV, las autoridades municipales de La Victoria y la Policía Nacional admitieron que sus esfuerzos de fiscalización han estado concentrados en la congestión vehicular, dejando de lado el control de las motos eléctricas. Un funcionario distrital reconoció que recién a partir del 2 de agosto se aplicarán sanciones severas a quienes no cuenten con placa, SOAT o licencia de conducir.
Sin embargo, el anuncio fue recibido con escepticismo entre los comerciantes y organizaciones vecinales. “En teoría, porque no es la primera vez que se intenta fiscalizar y queda en un saludo a la bandera”, subrayó el reportaje de ATV, que recordó los antecedentes de promesas incumplidas en materia de ordenamiento del transporte local.
Mientras el municipio anuncia plazos, los pasajeros siguen viajando «en el aire», como describió un afectado: sin cascos, sin protecciones y con conductores que suben a las veredas y zigzaguean entre los peatones. La proliferación de este servicio, alimentada por la demanda y la falta de alternativas formales, ha instalado una sensación de desamparo en uno de los polos comerciales más importantes del país.
Los vecinos esperan que esta vez las multas se cumplan y que el control no se limite a un operativo fugaz. Pero la historia reciente les enseña que, sin voluntad política y sin un plan integral de movilidad, las motos eléctricas seguirán siendo el síntoma de un problema más profundo: la incapacidad del Estado para regular lo nuevo con las herramientas de siempre.
