El precio del galón se dispara hasta S/24 y el gobierno anuncia subsidios sin plazos ni montos definidos, mientras la paralización afecta clases, abastecimiento y movilidad en Ucayali, Arequipa, Tacna, Puno y Huánuco.
La medida de fuerza iniciada el lunes 10 de agosto por los gremios de transportistas, en rechazo al incremento descontrolado del combustible, se ha expandido a lo largo del territorio peruano con bloqueos de carreteras, suspensión del servicio urbano y movilizaciones en puntos críticos. Los conductores advierten que el costo operativo se ha vuelto insostenible: el diésel, que en marzo costaba entre S/11,50 y S/12 por galón, hoy supera los S/24 en varias regiones, e incluso alcanza los S/27 en algunos grifos de Arequipa.
El reclamo central es claro: exigen al Ejecutivo una respuesta inmediata y concreta, no solo anuncios generales. Mientras tanto, el impacto se siente en la economía diaria de miles de peruanos.
El foco más crítico se concentra en Pucallpa, donde los manifestantes mantienen cerrados puntos clave de la carretera Federico Basadre —principal arteria que conecta la región con Huánuco, Tingo María, Huancayo y Lima— con quema de llantas y piquetes que impiden el paso de vehículos de carga y cisternas.
Consecuencias inmediatas:
Mesas de diálogo sin avances:
Tras una reunión con Osinergmin, Petroperú, autoridades regionales y congresistas, el Ejecutivo anunció un subsidio temporal para la selva, pero sin especificar monto, fecha de inicio ni beneficiarios. Los transportistas, que exigen hechos y no promesas, mantienen la paralización indefinida.
En la Ciudad Blanca, la protesta se tradujo en la suspensión casi total del servicio de buses, con miles de pasajeros obligados a caminar largas distancias o recurrir a bicicletas y mototaxis informales.
El conflicto tarifario:
Los conductores defienden la tarifa de S/1,30, mientras la municipalidad insiste en reducirla a S/1. A ello se suma que el diésel pasó de S/16 (antes de Fiestas Patrias) a cerca de S/24 por galón, con picos de S/27 en algunos expendios.
Impacto educativo:
La medida forzó la suspensión de clases presenciales, afectando a unos 220.000 estudiantes que no pudieron trasladarse a sus centros de estudio.
Los transportistas tacneños se sumaron al paro de 48 horas, reduciendo drásticamente la circulación de buses. El gobernador regional, Luis Torres, respaldó la medida y señaló que los costos actuales hacen inviable la operación sostenible del servicio.
A diferencia de Ucayali, la protesta en Tacna se desarrolló sin cortes de carretera ni enfrentamientos, pero la falta de transporte urbano provocó largas filas de pasajeros y también obligó a suspender las clases presenciales.
Aunque aún no se precisan las acciones concretas, gremios de transportistas de Puno y Huánuco anunciaron que se sumarán a la medida de fuerza. De concretarse, la presión sobre el Ejecutivo se extendería a cinco regiones simultáneamente, elevando el riesgo de desabastecimiento y caos logístico en el centro y sur del país.
El panorama en Loreto no es homogéneo. El Sindicato de Choferes Profesionales de Loreto desmintió cualquier convocatoria a paro para el miércoles 12 y jueves 13, y aseguró que el transporte en Iquitos opera con normalidad.
Sin embargo, en Nauta, los motocarristas acataron un paro el martes 11 de agosto, con quema de llantas, en rechazo al alza del combustible que, según denuncian, golpea directamente sus ingresos diarios y la economía familiar.
El economista Diego Díaz, de Macroconsult, explicó a RPP que el problema actual no es el precio del crudo, sino la capacidad mundial de refinación, afectada por:
Perú, al estar expuesto a los mercados internacionales, traslada estas volatilidades a los precios internos, lo que encarece el transporte de pasajeros y carga, y anticipa un posible incremento en alimentos y bienes de consumo.
Propuestas en agenda:
Lo que comenzó como un reclamo sectorial se ha convertido en un problema de orden público y abastecimiento que afecta a millones de peruanos. El gobierno enfrenta una prueba de fuego: no bastan los anuncios ni las mesas técnicas sin resoluciones ejecutivas. La ciudadanía y los transportistas esperan acciones claras, plazos definidos y soluciones estructurales que impidan que esta crisis se repita cada vez que los precios internacionales titubeen.
La pregunta que queda en el aire: ¿podrá el Ejecutivo desactivar los bloqueos con subsidios temporales o necesitará una reforma de fondo en la política energética y de transporte del país?
