El nuevo ministro de Economía plantea declarar inconstitucional la «Ley de pensión digna» que otorga S/3.500 a docentes jubilados, mientras los sindicatos temen que la gratificación CAS también esté en la mira.
El economista Elmer Cuba asumió esta semana el cargo de ministro de Economía y Finanzas con una declaración que ha sacudido los cimientos del sector público peruano: «Seremos implacables con el uso de los recursos públicos». Una frase que, leída en el contexto de sus declaraciones previas, anticipa un ajuste que podría afectar directamente a miles de trabajadores del Estado.
Designado por la presidenta Keiko Fujimori, Cuba —exdirector del Banco Central de Reserva y socio de Macroconsult— no solo ha prometido traducir la bonanza económica en mejores salarios y empleo, sino que ha puesto el foco en lo que considera gasto populista: las leyes aprobadas por el Congreso que incrementan beneficios para ciertos sectores públicos.
El nuevo titular del MEF ya había anticipado su postura hace un mes, antes de ser nombrado, en una entrevista con El Montonero. Allí, ante la pregunta hipotética de qué haría si fuera ministro, Cuba fue contundente:
«Cambiar una sola norma populista, la más grande de todas, la madre de las batallas: la ‘pensión viva’ para los maestros. Es demasiado cara y rompe todo el equilibrio pensionario del sector público, volviéndolo injusto para todos los demás servidores».
La Ley 32581, conocida como «Ley de pensión digna», establece que los maestros jubilados y cesantes reciban una pensión mínima de S/3.500,70, equiparable a la primera escala de la Remuneración Íntegra Mensual (RIM). Según Cuba, esta norma representa un desbalance fiscal que debe ser corregido, ya sea mediante una nueva ley del Congreso o, preferentemente, declarando su inconstitucionalidad a través del Tribunal Constitucional.
Paralelamente, los trabajadores bajo el régimen CAS, que recién en julio comenzaron a recibir su gratificación gracias a la Ley 32563, observan con preocupación los movimientos del nuevo gobierno. Aunque la norma fue aprobada por el Congreso y no fue observada por el Ejecutivo, su origen en un momento donde el TC validaba la iniciativa de gasto parlamentario —interpretación que luego fue revertida— abre la puerta a que sea revisada.
El propio Consejo Fiscal ya ha sugerido que el nuevo gobierno evalúe solicitar al TC la inconstitucionalidad de estas leyes de gasto. Y aunque Cuba no mencionó directamente la gratificación CAS en su entrevista, la lógica de su discurso apunta a que ninguna norma que considere populista estará a salvo.
La Federación Nacional de Trabajadores CAS del sector Educación ya emitió un comunicado encendido:
«El ataque contra los derechos de la clase trabajadora ya comenzó. El discurso del ministro Cuba no sería un hecho aislado: sería el cumplimiento de la propuesta de campaña de la presidenta electa de ‘revisar la Ley CAS'».
En un intento por matizar su postura, Cuba ha aclarado que el Perú no necesita un ajuste fiscal al estilo de los aplicados en los años 70, 80 o en la reciente Argentina y Bolivia. De hecho, destacó que el país tiene «las cuentas fiscales más solventes del mundo emergente».
Sin embargo, el ministro insiste en que se debe enfrentar la evasión tributaria y mejorar la recaudación para luego sí gastar en infraestructura y mejorar los salarios de los servidores públicos. La paradoja es evidente: sin reforma tributaria, el único camino para «ordenar» las cuentas es recortar beneficios ya aprobados.
El verdadero riesgo para los beneficiarios de estas normas no está tanto en el Congreso actual —que fue el que aprobó estas leyes— sino en el Tribunal Constitucional. Cuba ha dejado claro que buscará que el TC declare inconstitucionales las normas que considera lesivas para las finanzas públicas, y la «Ley de pensión digna» es la primera en la lista.
¿Podría la gratificación CAS correr la misma suerte? Aunque no lo ha dicho explícitamente, el precedente está sentado: todo gasto que no cuente con respaldo fiscal suficiente está en riesgo de ser revertido por esta vía.
Los gremios ya se preparan para una confrontación. Los trabajadores CAS temen que el pago de la gratificación de julio sea el primero y último, y que el avance hacia el 100% del sueldo estipulado para 2030 se trunque. Los maestros jubilados, por su parte, ven con angustia la posibilidad de que su pensión digna sea recortada.
Elmer Cuba ha sido claro en su diagnóstico: Perú tiene recursos, pero no pueden dilapidarse. Sin embargo, los sectores afectados interpretan que «dilapidar» es sinónimo de «cumplir derechos adquiridos por ley». El escenario que se abre es de tensión creciente entre un gobierno que promete orden fiscal y un movimiento sindical que no piensa ceder en sus conquistas.
El debate no es menor: ¿hasta dónde puede llegar el «implacable» control del gasto sin vulnerar derechos ya reconocidos? Y más allá de lo legal, ¿qué mensaje envía al país un gobierno que, con la solvencia fiscal como bandera, elige recortar beneficios a los trabajadores más vulnerables del Estado?
