El único sobreviviente del trágico derrumbe ocurrido en el colegio Petronila Perea de Ferrando, en Iquitos, permanece internado en una clínica privada luego de que el Hospital Regional de Loreto no contara con un tomógrafo para realizarle los exámenes necesarios. Se trata de Antony Gárate, de 18 años, quien fue trasladado a un centro de salud particular gracias a un convenio con el Seguro Integral de Salud (SIS), ante la carencia de equipos de diagnóstico en el nosocomio estatal.
El joven, que cursaba el quinto año de secundaria, fue obligado a participar en labores de demolición de un tanque de concreto junto a otros compañeros, una actividad para la que no tenían preparación ni entrenamiento. Durante el colapso de la estructura, falleció su compañero Taylor Yaicate Ricopa, de 16 años, quien quedó atrapado bajo los escombros y falleció pese a los esfuerzos del personal médico.
El médico a cargo de la evolución de Antony Gárate informó que el joven ya fue sometido a una tomografía en la clínica privada y, de acuerdo con los resultados, se encontraría en condiciones de recibir el alta en las próximas horas. No obstante, el especialista subrayó que el paciente presenta un cuadro de shock emocional derivado del accidente, agravado por haber presenciado las maniobras de reanimación de su compañero fallecido.
“Él ha sufrido un impacto psicológico profundo. Está recibiendo acompañamiento y se le brindará terapia posteriormente. Pudo ver cómo intentaban reanimar a su amigo, y eso ha generado una afectación significativa”, declaró el facultativo al programa Ocurre Ahora.
Padres de familia denunciaron que los adolescentes eran forzados a realizar tareas de construcción a cambio de una calificación. “Mi hijo me contó que el profesor los obligaba por nota. Es un chico de 16 años, no sabe nada de albañilería”, manifestó un progenitor indignado.
A su vez, el vecino Reyner Luis Daza Mozombite aseguró que las familias habían advertido en repetidas ocasiones el peligro que representaba el tanque y su estructura de soporte, e incluso habrían presentado documentos formales ante el Gobierno Regional de Loreto solicitando su retiro, sin obtener respuesta.
Tras las diligencias realizadas este lunes, la Policía Nacional intervino al director del centro educativo, Elías Fidel Grandes Zegarra, y al docente Alfred Eduardo Chico Saavedra, ambos vinculados con la organización de las labores de demolición. Los dos fueron puestos a disposición de las autoridades mientras la Fiscalía solicitó un plazo de 48 horas para pedir prisión preventiva en su contra.
La investigación busca determinar quién autorizó que los estudiantes participaran en una obra de alto riesgo y si existen responsabilidades penales y administrativas por la muerte del menor.
La Defensoría del Pueblo emitió un pronunciamiento exigiendo investigaciones inmediatas en todas las instancias correspondientes. El organismo recordó que este tipo de trabajos no forman parte de las funciones educativas de los escolares y enfatizó que el caso no debe quedar en la impunidad. Asimismo, instó a las autoridades regionales a garantizar que los centros educativos cumplan con condiciones mínimas de seguridad para evitar que tragedias como esta se repitan.
