El magistrado que dictó prisión preventiva contra Keiko Fujimori en 2018 asegura que la JNJ aplicó “batería disciplinaria” sin sustento, mientras su defensa revela vacíos legales y temores por su integridad física.
El juez superior Richard Concepción Carhuancho, magistrado que en octubre de 2018 ordenó la detención preliminar y posteriormente 36 meses de prisión preventiva contra la entonces lideresa de Fuerza Popular y hoy presidenta electa, Keiko Fujimori, rompió su silencio este lunes para calificar su reciente suspensión como un acto de “castigo político” y denunciar, además, el retiro de su escolta policial, lo que –según afirma– lo deja en situación de vulnerabilidad frente a posibles represalias.
En una entrevista con el periodista César Hildebrandt para su pódcast, Carhuancho respondió con contundencia al ser confrontado con la teoría de que está “pagando lo que hizo” justo en el momento en que Fujimori alcanza la jefatura del Estado tras tres intentos fallidos. “Yo lo tengo claro”, sentenció el juez, al tiempo que deslizó que la sanción impuesta por la Junta Nacional de Justicia (JNJ) carece de base jurídica y responde más a un contexto electoral que a una evaluación objetiva de su desempeño.
Carhuancho centró parte de su descargo en refutar el principal argumento disciplinario esgrimido por la JNJ: haber dictado clases en entidades privadas no universitarias sin la autorización correspondiente. “La ley de carrera judicial me permite dictar clases en ese tipo de instituciones. Estaba dentro de la excepción”, afirmó. Y añadió, con énfasis comparativo, que “muchos magistrados de todos los niveles –fiscales y jueces– también enseñan en estos centros, incluso han postulado para ser nombrados jueces, y a ellos no les pasó nada. En mi caso, sí, prácticamente aplicaron toda la batería disciplinaria para suspenderme”.
El magistrado subrayó que su decisión más controversial –la prisión preventiva contra Fujimori– no fue un acto aislado ni arbitrario, sino que fue ratificada en todas las instancias superiores. “Mi decisión fue confirmada por la Segunda Sala Penal de Apelaciones”, recordó. “Es más, llegó hasta la Corte Suprema en casación y cinco magistrados de la Corte Suprema también dijeron: ‘Está bien todo esto’”.
El historial judicial del caso Cócteles –archivado posteriormente– muestra que el 4 de enero de 2019 la Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional avaló la prisión preventiva, y el 12 de septiembre de ese año la Corte Suprema, mediante voto dirimente, mantuvo la medida pero redujo su duración de 36 a 18 meses. No fue sino hasta abril de 2020 que el Tribunal Constitucional declaró fundado un hábeas corpus y Fujimori recuperó su libertad. Esa secuencia, enfatiza Carhuancho, demuestra que su actuación judicial se mantuvo dentro del marco legal y fue validada por pares y superiores.
El juez reveló que enfrenta otros dos procesos disciplinarios ante la JNJ, uno de ellos impulsado por una denuncia del actual presidente del Parlamento, Fernando Rospigliosi. En ese punto, Carhuancho lanzó una pregunta cargada de ironía y preocupación: “Él manifestó en su oportunidad: ‘Vamos a barrer con el Poder Judicial’. Yo quisiera saber en verdad, y creo que es un derecho legítimo mío, cuál va a ser la escoba con la cual se va a barrer, por lo menos para poder estar advertido”.
En el tramo más delicado de su declaración, Carhuancho denunció que a inicios de año perdió la protección policial que le había sido asignada, por decisión del comandante general de la Policía Nacional, Óscar Arriola, a quien atribuyó un retiro “por cortesía”. Pese a haber solicitado formalmente la ampliación del resguardo, asegura que no ha recibido respuesta alguna.
“Yo no busco victimizarme –aclaró–, solo busco defender mis derechos y protegerme de cualquier riesgo. No se olvide que he llevado casos de criminalidad organizada relacionados con tráfico ilícito de drogas, sicariato, casos muy importantes que no quisiera detallar para no levantar el polvo, pero ahí están documentados”.
Sus palabras dejan abierta una interrogante que trasciende lo judicial: ¿está el Estado garantizando la integridad de quienes han tomado decisiones sensibles en casos de alta exposición política y criminal? Mientras la JNJ mantiene su sanción y la PNP no responde a sus pedidos, Carhuancho queda en una zona gris que, según su propio testimonio, combina el aislamiento institucional y el riesgo personal.
La suspensión de Carhuancho se produce en un momento de alta tensión política, con Keiko Fujimori a punto de asumir la presidencia y un Poder Judicial bajo constante escrutinio. Lo que el magistrado presenta como un “castigo político”, la JNJ lo defiende como una sanción disciplinaria por faltas administrativas. Sin embargo, su denuncia sobre la pérdida de protección –avalada por su historial en casos de crimen organizado– añade un componente de seguridad que ningún órgano de control puede ignorar sin poner en riesgo la credibilidad del sistema de justicia.
