El excandidato presidencial y oficial del Ejército en retiro, Antauro Humala, formalizó este miércoles una querella penal por difamación agravada contra el humorista y excandidato de País para Todos, Carlos Álvarez. La demanda, presentada ante la Corte Superior de Justicia de Lima, exige una pena efectiva de tres años de prisión y una reparación civil de 675.000 soles, según confirmaron fuentes judiciales a Infobae.
El origen del conflicto se remonta al 26 de mayo, cuando Álvarez publicó en sus redes sociales una imitación bajo el nombre de “Antauro Fumala”, un juego de palabras que —según la acusación— asocia directamente al dirigente etnocacerista con el consumo de sustancias psicoactivas, un estigma que su defensa califica como “falso y degradante”.
La defensa de Humala, encabezada por el abogado Jesús Barboza, sostiene que la imitación trasciende el ejercicio del humor y encaja en el delito tipificado en el tercer párrafo del artículo 132 del Código Penal, que agrava la difamación cuando se comete a través de libros, prensa, medios digitales o tecnologías de inteligencia artificial, incluyendo deepfakes o contenidos generados por IA que difundan información falsa y dañina.
Aunque el video de Álvarez no fue elaborado con IA, la querella argumenta que su difusión masiva en plataformas digitales —con más de millones de reproducciones— cumple con el criterio de “medio de comunicación social” y tiene el mismo efecto lesivo. La pena solicitada, de uno a tres años de cárcel, se enmarca en ese agravante, junto con una multa de 120 a 365 días-multa.
En la carta notarial enviada a Álvarez a fines de mayo, con un plazo de 48 horas para rectificarse, Humala ya advertía que no aceptaría el amparo del “rótulo del humor”. El documento, al que tuvo acceso Infobae, subraya que la parodia no constituye una crítica de ideas, sino “una agresión sistemática a la integridad familiar, al estatus ético-militar y a la condición de oficial del Ejército en retiro” de Humala, con el propósito deliberado de “minar su legitimidad frente a la organización política que representa a nivel nacional y mundial”.
Además, la defensa rechazó el uso del apodo “Fumala” como una “técnica de amplificación del daño”, diseñada para fijar en el imaginario colectivo una imagen distorsionada y vejatoria. La carta exigía dos acciones concretas: el retiro inmediato del video de Facebook y cualquier otra plataforma, y la publicación de un video de rectificación y disculpas públicas con el mismo alcance.
Transcurrido el plazo sin que el cómico accediera a las exigencias, Humala cumplió su advertencia. La querella fue ingresada a la mesa de partes del poder judicial limeño en la tarde del miércoles 17 de junio, y ahora será un juez quien determine si la imitación constituye un delito de difamación agravada o si, por el contrario, se ampara en la libertad de expresión y el ejercicio legítimo del humor político.
Carlos Álvarez, conocido por sus críticas mordaces a la clase política, no ha emitido pronunciamiento público hasta el cierre de esta edición. Sin embargo, el caso ya enciende el debate sobre los límites del humor en el espacio digital, el uso de la imagen de figuras públicas y la creciente judicialización de la sátira política en el Perú.
Esta no es la primera vez que Antauro Humala recurre a los tribunales para defender su reputación, pero sí la primera en que se invoca expresamente el agravante tecnológico y mediático. El fallo podría sentar un precedente clave sobre cómo se equilibran la libertad de expresión, el humor y el honor personal en la era de los contenidos virales.
