Excandidato presidencial desafía al JNE y recurre a instancias internacionales tras contundente derrota electoral
En un giro que prolonga la tensión poselectoral, el excandidato presidencial de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, ha anunciado esta mañana que presentará un recurso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para cuestionar los resultados de la segunda vuelta electoral, en la que fue derrotado por Keiko Fujimori con una diferencia de 49,000 votos a nivel nacional.
El anuncio, realizado a través de su cuenta oficial en la red social X (antes Twitter), se produce a pesar de que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) ya ha desestimado en su totalidad las alegaciones de fraude presentadas por su agrupación política, calificándolas como «meras especulaciones» y carentes de sustento probatorio.
En su publicación, el aún congresista manifestó: «Presentaremos un recurso ante la CIDH. Estamos convencidos de la grave afectación al proceso electoral y a la intangibilidad de la normativa electoral al cambiar las reglas de juego en la segunda vuelta en las elecciones efectuadas por las oficinas consulares. Tenemos el derecho legal y legítimo de acudir a esta instancia».
Esta postura no es nueva para el líder de Juntos por el Perú. En una entrevista previa concedida al portal ruso RT en Español —medio afín a su línea ideológica—, Sánchez ya había adelantado su intención de internacionalizar el conflicto electoral, anunciando además una «coalición de resistencia» contra la próxima gestión de Fuerza Popular.
El pasado viernes 19 de junio, el pleno del JNE declaró infundadas las apelaciones presentadas por Juntos por el Perú, que buscaban la anulación de 2,398 mesas de sufragio distribuidas entre Lima Metropolitana (1,751) y Estados Unidos (647). La decisión fue notificada en su integridad días después.
El tribunal electoral rechazó inicialmente los pedidos por una razón procesal irrefutable: el partido de Sánchez no cumplió con el pago de las tasas correspondientes. Sin embargo, los magistrados fueron más allá y desestimaron también el fondo de los argumentos, en un ejercicio de transparencia que buscó cerrar definitivamente el debate.
Uno de los principales argumentos del partido denunciante fue la supuesta «clonación de resultados» en mesas de Lima Metropolitana, donde se registraron coincidencias numéricas en los votos a favor de Fuerza Popular.
El JNE, sin embargo, demostró con un análisis matemático claro que dichas coincidencias eran previsibles y estadísticamente esperables. En su resolución, el tribunal explicó que, considerando un promedio de 224 votos válidos por mesa y una proporción de 65% a favor de Fuerza Popular frente al 35% de Juntos por el Perú, «los números obtenidos en el documento Excel se mueven en esta franja, entre 120 y 180 votos en la gran mayoría de los casos, por lo cual resultaba esperable que se produjera cierta reiteración del mismo número».
El tribunal fue aún más incisivo al señalar que el análisis presentado por Juntos por el Perú adolecía de un sesgo evidente, al mostrar únicamente los votos de Fuerza Popular en Lima Metropolitana, sin aplicar el mismo criterio a las provincias donde su propio partido obtuvo resultados similares.
Quizás el aspecto más contundente del fallo del JNE fue su demoledora crítica a la lógica detrás de la denuncia de fraude. El tribunal planteó una pregunta retórica que expone la fragilidad de la acusación: para que el fraude masivo denunciado hubiera sido cierto, más de 5,000 miembros de mesa tendrían que haberse confabulado para falsear las votaciones en Lima, sin que ningún fiscalizador, supervisor de la ONPE, delegado de la Defensoría del Pueblo, funcionario de la Contraloría, observador nacional o internacional, miembro de la Policía Nacional o de las Fuerzas Armadas hubiera formulado objeción alguna.
«La falta de seriedad de un planteamiento de tal magnitud quedó en evidencia», sentenció el tribunal en su resolución, calificando la denuncia como «una especulación sin medio probatorio de apoyo».
En cuanto a la votación en Estados Unidos, Sánchez argumentó que la modificación de los lineamientos de la ONPE para permitir el transporte de material electoral por medios distintos a la valija diplomática constituía un cambio en las «reglas de juego».
El JNE desestimó este argumento al precisar que dichos lineamientos eran directrices operativas, no modificaciones a la normativa electoral sustantiva. Además, el tribunal citó un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores que confirmaba que todo el material electoral retornó efectivamente bajo valija diplomática, dejando sin efecto práctico la supuesta flexibilización.
Al igual que en el caso anterior, el JNE señaló que aceptar la nulidad habría implicado asumir otra «teoría inverosímil»: que cientos de funcionarios consulares, la Alta Dirección de Cancillería —»poniendo en riesgo sus carreras de 10, 20 o 30 años»— y unos 2,000 miembros de mesa se hubieran puesto de acuerdo para falsear las votaciones, sin que nadie del sistema electoral, la Defensoría, la Contraloría u observadores internacionales lo detectaran.
A pesar del contundente fallo del máximo tribunal electoral, Roberto Sánchez ha reiterado su postura y ha dejado claro que no agotará su reclamo en la jurisdicción nacional. En sus declaraciones al medio ruso, el excandidato afirmó que respetará las determinaciones de las autoridades peruanas «porque eso es la ley», pero enfatizó que su posición trasciende el ámbito nacional.
«Apelaremos no solamente a la entidad constitucional del Perú, sino que buscaremos mecanismos en el sistema interamericano», declaró entonces, anticipando la medida que hoy confirma.
La presentación del recurso ante la CIDH abre un nuevo capítulo en la controversia electoral, aunque especialistas en derecho constitucional consultados por este medio coinciden en que las posibilidades de éxito son remotas, dado que la CIDH no es una instancia electoral sino de derechos humanos, y que el debido proceso ya ha sido agotado en el Perú con fallos que han sido calificados como técnicamente sólidos.
La segunda vuelta electoral, celebrada el pasado [fecha], arrojó una diferencia de 49,000 votos a favor de Keiko Fujimori, lo que representa menos del 1% del total de sufragios emitidos. Esta estrecha ventaja ha sido el principal argumento de Sánchez para cuestionar la legitimidad del proceso, pese a que el JNE ha ratificado en múltiples instancias la validez de los resultados.
El recurso ante la CIDH, más que una estrategia legal con altas probabilidades de éxito, parece configurarse como una maniobra política para mantener vigente el cuestionamiento al gobierno entrante y consolidar una narrativa de resistencia entre sus seguidores más fieles.
