La denuncia, presentada ante el Congreso, cuestiona la suspensión del escaneo de actas en la segunda vuelta y la cadena de custodia del material enviado desde el extranjero. Cancillería responde que la decisión fue técnica y coordinada con la ONPE.
En el tramo final del reconteo de votos en los Jurados Electorales Especiales (JEE) y a días de que la ONPE proclame los resultados definitivos de las Elecciones 2026, Juntos por el Perú ha escalado su ofensiva jurídica. El partido que lidera el candidato Roberto Sánchez presentó una denuncia constitucional contra el canciller Carlos Pareja, a quien imputa presunto fraude electoral, obstrucción de actos electorales y omisión de funciones, en el marco del manejo del voto de los peruanos residentes en el exterior.
La acción legal, suscrita por el personero legal Pablo Salas Charca, fue interpuesta ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso. El partido sostiene que la decisión de la Cancillería de no implementar la digitalización de actas en la segunda vuelta —pese a haberlo hecho de forma complementaria en la primera— vulneró la transparencia del proceso y puso en riesgo la cadena de custodia de los materiales electorales repatriados vía valija diplomática.
La denuncia se apoya en la Resolución Jefatural N.° 90-2026-JN/ONPE, emitida días antes de la segunda vuelta, que —según la interpretación del partido— habilitó modificaciones sustanciales en el manejo de actas y cédulas de sufragio en el extranjero. Entre los puntos críticos señalados por Juntos por el Perú destacan:
El partido alega que estas medidas generan dudas razonables sobre la integridad del material electoral, especialmente en aquellas circunscripciones donde el partido obtiene menor respaldo. La denuncia invoca los artículos 117 y 118 de la Constitución, así como el Código Penal, y solicita la apertura de un juicio político por infracción constitucional y un antejuicio por delito funcional contra el canciller.
El Ministerio de Relaciones Exteriores salió al paso de las acusaciones con un comunicado en el que rechaza “cualquier afirmación que atribuya a sus funcionarios consulares actos de interferencia, manipulación, favorecimiento político o alteración del material electoral”. La cartera pidió preservar la honorabilidad de su personal diplomático y subrayó que todos los procedimientos se ajustaron a la normativa electoral vigente.
En su descargo, la Cancillería explicó que el aplicativo de escaneo de actas implementado en la primera vuelta —a solicitud de la ONPE— fue una herramienta complementaria y no generalizada, que operó únicamente en 108 de las 180 oficinas consulares. Debido a “serias dificultades técnicas y operativas” reportadas por una parte importante de esas sedes, se decidió, en coordinación con la ONPE, no repetir esa experiencia en la segunda vuelta.
El ministerio enfatizó que esta suspensión no modificó la Ley Orgánica de Elecciones ni alteró el procedimiento legal de repliegue del material. Aseguró que, desde el cierre de la votación, los resultados quedaron documentados en actas lacradas y que el material permaneció bajo mecanismos oficiales de seguridad durante todo el traslado.
La cartera reiteró que pondrá a disposición de las autoridades electorales, de control y jurisdiccionales toda la documentación de sustento que le sea requerida, y confía en que las instancias competentes desestimarán las imputaciones al considerar que no existe mérito para un procedimiento sancionador.
