Mujer que vive en Comas desde hace 15 años deberá votar en Áncash; ONPE, Reniec y JNE se deslindan responsabilidades mientras crece el temor a multas y la desconfianza a pocos días de la segunda vuelta.
A solo días de la segunda vuelta presidencial del 7 de junio, decenas de peruanos enfrentan una situación que pone en riesgo su derecho al voto: cambios inesperados en sus locales de sufragio que los obligan a desplazarse a regiones alejadas de su lugar de residencia. Lo que debía ser un trámite rutinario se ha convertido en una pesadilla logística y económica para los afectados.
Hilda Casas, residente en el distrito limeño de Comas desde hace 15 años, descubrió con sorpresa e indignación que su local de votación ya no se encuentra en Lima, como en todos los procesos anteriores, sino en el distrito de San Pedro de Chana, provincia de Huari, región Áncash, a cientos de kilómetros de su hogar.
“Yo vivo acá en Comas. No quiero viajar allá a Áncash a votar”, reclamó la ciudadana, quien asegura que nunca ha tenido ningún vínculo con esa región. Su situación se agrava por sus limitados ingresos económicos, que le imposibilitan costear un viaje de varias horas. Casas afirma que recientemente actualizó su domicilio en el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), manteniendo su dirección en Comas, pero el sistema electoral le asignó una mesa en Áncash sin explicación aparente.
Ante el temor de ser multada por no votar, Casas acudió a la comisaría de La Pascana, en Comas, para dejar constancia del hecho, aunque hasta el momento no ha recibido respuesta oficial.
La misma angustia vive Juan Carlos López, residente en el distrito de Pichari, Cusco, a quien se le asignó votar en el colegio José Carlos Mariátegui, en el distrito de Ponto, también en la provincia de Huari (Áncash). “Nunca me había pasado. Que las autoridades se pongan más atentas y no vuelva a suceder esto”, manifestó el ciudadano, exigiendo una revisión urgente de estos casos.
Las denuncias se multiplican en redes sociales y oficinas electorales, reavivando la polémima tras los problemas ya reportados durante la primera vuelta, cuando miles de electores también cuestionaron cambios inexplicables en sus centros de votación.
Consultada al respecto, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) explicó que la asignación de locales de votación se realiza exclusivamente sobre la base del padrón electoral elaborado por Reniec y posteriormente aprobado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).
Por su parte, Reniec informó que, en el caso concreto de Hilda Casas, la actualización de domicilio en su Documento Nacional de Identidad se realizó en abril de este año, cuando el padrón para la segunda vuelta ya había sido cerrado. La legislación electoral establece una fecha límite para cambios de domicilio, y los trámites posteriores solo surten efecto para procesos siguientes.
Sin embargo, esta explicación no resuelve la pregunta clave: ¿por qué una ciudadana con domicilio vigente en Lima figura empadronada en Áncash, una región donde afirma no haber residido jamás? Ninguna de las tres entidades ha ofrecido hasta ahora una respuesta clara a ese punto.
Más allá del peregrinaje forzoso, los afectados temen las sanciones económicas. La inasistencia injustificada a las urnas en Perú puede derivar en multas electorales, lo que ha llevado a varios ciudadanos a buscar constancias y presentar reclamos formales ante las autoridades, sin obtener aún soluciones concretas.
A puertas de una elección que definirá al próximo presidente del país, estos episodios no solo vulneran el derecho al sufragio, sino que erosionan la confianza en el sistema electoral. Organizaciones civiles han pedido una revisión extraordinaria del padrón y mecanismos de urgencia para que ningún peruano se vea obligado a elegir entre endeudarse para votar o ser sancionado por no hacerlo.
