El humorista y excandidato presidencial Carlos Álvarez —recientemente incorporado al equipo de Renovación Popular como asesor en seguridad— se reunió este martes con Keiko Fujimori para abordar la crisis de inseguridad ciudadana. En su primera aparición pública tras el encuentro, Álvarez se presentó como el principal impulsor de una línea de “mano de hierro” frente a la delincuencia, muy por encima del discurso de “mano dura” que ya manejaba la campaña fujimorista.
En declaraciones a la prensa, el exaspirante presidencial lanzó una dura comparación: “No podemos tener tres comidas diarias a los delincuentes mientras hay niños con anemia, con desnutrición crónica, que van al colegio sin desayuno o duermen sin comer. No pues”. Con esta frase, Álvarez puso el foco en la desigualdad entre el sistema penitenciario y la protección infantil, un argumento que busca legitimar su propuesta de recortar beneficios a reclusos.
Uno de los puntos más polémicos de la reunión fue la propuesta de Álvarez de retirar a Perú del Pacto de San José, un tratado internacional que solo han abandonado Venezuela, Nicaragua y Trinidad y Tobago. “Mi tema y mi propuesta era salir del Pacto después de un año y aplicar la pena de muerte en el Perú. Esa es mi posición”, afirmó. Aunque Fujimori ya había mencionado la posibilidad de abandonar la Corte IDH durante su campaña, Álvarez aclaró que su planteamiento va más allá y apunta directamente a la restitución de la pena capital.
El cómico también puso sobre la mesa las consecuencias económicas de la inseguridad. “Cinco mil panaderías han cerrado, bodegas cierran, pequeños negocios. ¿Qué se creen estos miserables? ¿Por qué tenemos que pagar para poder trabajar en mi país?”, cuestionó. Con este diagnóstico, Álvarez enlazó la seguridad ciudadana con la supervivencia del tejido empresarial pequeño y mediano, un sector especialmente golpeado por la extorsión y el cobro de cupos.
Pese a su discurso punitivo, Álvarez matizó que “no se necesita solo mano dura, sino mano de hierro contra los delincuentes”, y añadió que esta debe ir acompañada de “sembrar valores, principios, amor a la patria, educación e invertir en el mensaje real para los jóvenes”. Enfatizó, además, que “la familia tiene una gran participación” en la prevención del delito, buscando así un equilibrio entre castigo y formación ciudadana.
En otro frente, Álvarez celebró la decisión de la presidenta electa de ratificar a Julio Velarde al frente del Banco Central de Reserva. “Es una situación muy positiva para el país. Mantenemos la estabilidad de la moneda durante casi más de veinte años, y la moneda más estable de la región”, destacó. Este respaldo al equipo económico busca enviar un mensaje de confianza a los mercados y a los inversores, en medio de un clima de incertidumbre política.
Durante su campaña, Keiko Fujimori ya había mostrado apertura para retirarse de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, aunque en aquel entonces aclaró que no era para implantar la pena de muerte, sino para recuperar figuras como los “jueces sin rostro” y obligar a los reclusos a trabajar por su alimento. Sin embargo, estos tribunales —usados en los años 90 contra Sendero Luminoso y el MRTA— fueron posteriormente cuestionados por la propia Corte IDH, que ordenó repetir los juicios con garantías plenas. Álvarez, no obstante, insiste en que su propuesta es más radical y que el Perú necesita respuestas inmediatas.
Las declaraciones de Álvarez ya generan un fuerte debate entre defensores de derechos humanos, analistas políticos y la ciudadanía en general. Mientras algunos celebran su firmeza ante la criminalidad, otros advierten que medidas como la pena de muerte o el retiro del Pacto de San José podrían aislar internacionalmente al Perú y vulnerar garantías fundamentales. Lo cierto es que, con esta postura, Álvarez se perfila como una de las voces más radicales del nuevo gobierno y marca la pauta de lo que será la política de seguridad en los próximos años.
“No se trata solo de mano dura; es mano de hierro, pero con cabeza y corazón. El Perú no puede seguir sangrando mientras los delincuentes comen mejor que nuestros niños”, concluyó Álvarez, dejando claro que su rol en el entorno fujimorista será el de impulsar cambios estructurales, así estos choquen con los estándares internacionales de derechos humanos.
