El reconocido abogado penalista César Nakazaki dio una advertencia clara:
Si el presidente otorga un indulto o gracia a Pedro Castillo, el único que asumiría la culpa legal sería el ministro que firme el documento.
El presidente, en cambio, estaría protegido por la Constitución.
Según Nakazaki, la Constitución dice que el presidente es «inviolable» por los actos que firma junto a un ministro.
Esa protección no se pierde ni siquiera después de que deje el cargo.
Es decir: la ley lo blinda, pero el ministro que refrende la medida queda expuesto a juicios políticos y penales.
Nakazaki fue enfático:
«El ministro no es un soldado del presidente. Su trabajo es impedir que el mandatario cometa delitos.»
Por eso, si el ministro de Justicia considera que el indulto es ilegal, debe negarse a firmar.
Si firma algo mal hecho, él será el responsable, no el presidente.
Nakazaki dijo que sería totalmente ilegal dar un indulto basado en un simple documento de un grupo de derechos humanos.
Y sentenció: «Un ministro no puede firmar cualquier locura que se le ocurra al gobernante».
Otro punto fuerte de la entrevista: Nakazaki aseguró que la prisión de Castillo se ha usado «casi como un centro de campaña política».
Y ahí también hay responsables:
Si el ministro no actúa, también puede ser sancionado.
El abogado no cree que el actual presidente, Balcázar, decida basándose en argumentos legales.
Lo describió como un político «pragmático», que solo buscará lo que lo deje «más seguro» en su puesto.
Además, recordó que cuando Balcázar era juez, una sala superior ya le revocó una decisión por considerarla arbitraria.
Eso, para Nakazaki, es una mala señal.
Depende.
Nakazaki explicó que el alcance del beneficio puede ser amplio o limitado, según cómo esté redactado.
Puede cubrir un solo delito o todos.
Por eso, cada caso debe revisarse por separado. No hay una respuesta única.
Nakazaki recordó que ya ha pasado antes:
Hubo intentos de indulto que fracasaron porque el ministro se negó a firmar.
Eso demuestra que el sistema peruano tiene controles para evitar abusos.
Al final, el mensaje es claro:
La decisión no depende solo del presidente. El ministro de Justicia tiene la última palabra… y también toda la responsabilidad.
