Las polémicas decisiones arbitrales que han marcado la Liga 1 2026 llegaron al ámbito del Ministerio Público. Ante el creciente malestar de los aficionados y los cuestionamientos al desempeño de los árbitros y del VAR, la Fiscalía inició una intervención preventiva para reducir el riesgo de disturbios durante los últimos encuentros del campeonato peruano.
La medida involucra directamente a la Federación Peruana de Fútbol (FPF) y a la Comisión Nacional de Árbitros (CONAR), instituciones a las que se les exige reforzar los controles sobre el arbitraje, mejorar la transparencia y explicar las decisiones que han generado controversia. La CONAR ya recibió la notificación oficial y deberá informar sobre las acciones que adoptará.
La 4.ª Fiscalía Provincial Especializada en Prevención del Delito de Lima abrió la Carpeta Fiscal N.º 351-2026 luego de recibir una denuncia que recopiló diversas actuaciones arbitrales cuestionadas durante la temporada.
Tras evaluar la documentación, el organismo fiscal identificó un escenario de riesgo que podría comprometer la seguridad de los espectadores y generar enfrentamientos dentro o fuera de los recintos deportivos.
La preocupación está relacionada con la posibilidad de que la indignación de las hinchadas por determinadas decisiones arbitrales, tanto en el campo como desde el VAR, termine convirtiéndose en actos de violencia. Por ello, la Fiscalía decidió actuar anticipadamente, en el marco de la prevención de posibles delitos contra la tranquilidad pública, específicamente disturbios.
La denuncia fue presentada por Carlos Franco Chipoco, expresidente de Alianza Lima y exdirigente de la FPF. En su documentación identificó a cinco árbitros cuyas actuaciones generaron cuestionamientos públicos: Víctor Hugo Carrillo, Jhonny Bossio, Rudy Méndez, Robin Segura y Alejandro Villanueva.
Estos antecedentes fueron considerados como elementos para iniciar el procedimiento preventivo.
La disposición fiscal establece tres líneas de acción para las autoridades del fútbol peruano:
1. Mayor supervisión del arbitraje y del VAR
La FPF y la CONAR deberán adoptar medidas que permitan garantizar una conducción adecuada de los partidos. Esto incluye reforzar los mecanismos de evaluación, fiscalización y supervisión del trabajo arbitral y del sistema de videoarbitraje.
2. Transparencia en las decisiones arbitrales
La Fiscalía también solicita fortalecer la confianza de los clubes y aficionados mediante mecanismos institucionales que permitan informar y aclarar las jugadas que generan controversia pública.
El objetivo es que las decisiones cuestionadas tengan explicaciones transparentes y no alimenten especulaciones sobre la actuación de los árbitros.
3. Difusión de los audios del VAR
Uno de los puntos más importantes de la disposición es el requerimiento de publicar los audios de las conversaciones entre los árbitros de campo y los operadores del VAR correspondientes a las jugadas polémicas.
Esta medida busca que los aficionados y los clubes puedan conocer los argumentos técnicos detrás de las decisiones arbitrales, en un contexto donde la difusión parcial de estos registros ha generado críticas y desconfianza.
La relación con el club blanquiazul se encuentra en el origen de la denuncia. Carlos Franco Chipoco, expresidente de Alianza Lima, fue quien llevó los cuestionamientos arbitrales ante el Ministerio Público.
El caso adquiere especial relevancia porque el equipo victoriano se encuentra disputando la recta final del Torneo Clausura con posibilidades de pelear por el título, en medio de una temporada marcada por reclamos y controversias relacionadas con el arbitraje.
Alianza Lima llega a esta etapa después de conseguir una victoria por 1-0 frente a Cienciano y ahora se prepara para visitar a Los Chankas CyC, este domingo 8 de noviembre, desde las 13:00 horas, en el estadio de Los Chankas, por la fecha 16 del Clausura.
El encuentro será transmitido por L1 Max y L1 Play.
La intervención del Ministerio Público coloca al arbitraje peruano bajo una mayor vigilancia institucional cuando quedan pocas jornadas para definir el campeonato.
Aunque el procedimiento tiene carácter preventivo y no representa por sí mismo una declaración de responsabilidad penal contra los árbitros señalados, sí plantea una exigencia importante para la FPF y la CONAR: recuperar la confianza en las decisiones arbitrales y evitar que las controversias deportivas terminen convirtiéndose en problemas de orden público.
La recta final de la Liga 1 2026 no solo estará marcada por la lucha por el título, sino también por la presión para que el fútbol peruano garantice transparencia, imparcialidad y seguridad dentro y fuera de los estadios.
