Millonarias multas e inhabilitación política se suman al requerimiento del Ministerio Público contra el expresentador y la suspendida fiscal, ambos en prisión preventiva por su presunta participación en una trama de corrupción que incluye tráfico ilegal de oro y gestiones irregulares en Migraciones.
El Ministerio Público formalizó su requerimiento acusatorio contra el expresentador de televisión Andrés Hurtado y la suspendida fiscal Elizabeth Peralta, solicitando penas de 30 y 24 años de prisión, respectivamente, por su presunta implicación en una compleja red de sobornos y tráfico de influencias. Así lo consigna un documento difundido este miércoles por Latina, emitido por la Segunda Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos.
Hurtado, actualmente recluido en el penal de Lurigancho, enfrenta además una multa total que supera los 2.2 millones de soles —desglosada en S/ 760.415,45 por tráfico de influencias y cohecho pasivo específico, y S/ 1.520.830,90 por cohecho activo específico— y una inhabilitación de 20 años para ejercer cargos públicos.
Por su parte, Peralta, quien cumple prisión preventiva en el penal de Chorrillos y fue separada de su cargo por la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público, recibiría una condena de 24 años, multas que alcanzan los S/ 282.132,98 —S/ 188.274,392 por tráfico de influencias y cohecho activo específico, más S/ 93.858,592 por cohecho pasivo específico— y una inhabilitación de 15 años.
La acusación vincula a Hurtado con una presunta trama de tráfico ilegal de oro, por supuestamente gestionar a favor de una empresa familiar la recuperación de 100 kilos de oro incautados a cambio de una comisión de un millón de dólares. Peralta, especializada en lavado de activos, habría cobrado comisiones ilegales para interferir en ese mismo caso.
Además, el expresentador enfrenta otra solicitud penal: 4 años y 8 meses de prisión por presuntas irregularidades en el trámite migratorio del futbolista Roberto Siucho en 2019, quien gestionó la renuncia a su nacionalidad peruana para jugar en China. En ese proceso también está implicada la exjefa de Migraciones, Roxana del Águila, para quien la Fiscalía pide 5 años y 4 meses de cárcel, 10 años de inhabilitación y 487 días-multa.
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