Tras fracasar en su intento de detención preliminar, el Ministerio Público busca restringir la libertad de movimiento del exjefe de la ONPE y otros seis implicados en presuntos actos de corrupción electoral
En un giro procesal significativo, el Ministerio Público solicitó este miércoles 18 meses de impedimento de salida del país contra Piero Corvetto, exjefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), como parte de la investigación que se le sigue por los presuntos delitos de colusión agravada y omisión de funciones.
La medida, de menor intensidad que la fallida detención preliminar que el mismo despacho intentó sin éxito días atrás, alcanza también a otros seis exfuncionarios y colaboradores de la ONPE, entre ellos el exgerente de Gestión Electoral José Samamé, el exsubgerente de Producción Electoral Juan Phang, y los trabajadores Juan Alvarado, Hilda Otoya, William García y Lilia Flores.
La audiencia para evaluar el pedido fiscal ha sido programada para este jueves 30 de abril a las 11:00 a.m. ante el Poder Judicial, bajo la conducción del Primer Despacho de la Fiscalía Supraprovincial de Lima.
Según la tesis fiscal, Corvetto habría emitido lineamientos especiales para la contratación de bienes y servicios electorales al amparo de la Ley 32513, disposición que permitió, presuntamente, que Samamé flexibilizara los términos de referencia y favoreciera a la empresa Gálaga SAC en la adjudicación de la buena pro.
A ello se suma que Corvetto designó a Samamé como gerente de Gestión Electoral en 2023, pese a que, según la acusación, este no contaba con la experiencia necesaria para el cargo. El fiscal Raúl Martínez sostiene, además, que existió una concertación entre el entonces jefe de la ONPE y Juan Alvarado Pfuyo, gerente general de Gálaga SAC, aunque la acusación no presenta elementos adicionales más allá de los lineamientos y la cuestionada designación.
Paralelamente, se le atribuye a Corvetto omisión de funciones por no haber garantizado la instalación de mesas de sufragio para 63 mil electores durante los comicios del 12 de abril, así como por haber anunciado que esos ciudadanos no pagarían multa electoral alguna, decisión que la Fiscalía considera irregular.
El juez Manuel Chuyo Zavaleta declaró infundado el pedido de detención preliminar contra Corvetto al considerar que el Ministerio Público no acreditó debidamente el peligro de fuga u obstaculización.
Mientras la Fiscalía argumentó que la salida de Corvetto de la ONPE constituía un indicio de posible fuga, el magistrado objetó que dicha afirmación carecía de sustento fáctico. Para justificar una medida tan gravosa como la detención, explicó el juez, deben analizarse elementos como el arraigo domiciliario, el asiento familiar, las actividades económicas en el país y la facilidad para abandonar el territorio, elementos ausentes en el requerimiento fiscal.
El fiscal había señalado también que la renuncia de Corvetto no implicaba la pérdida de influencia sobre otros funcionarios, y que su negativa a entregar su teléfono celular era una señal de alerta. Sin embargo, el juez replicó que, precisamente, haber dejado el cargo reduce su capacidad de interferir en la investigación, y que la retención del dispositivo móvil no justifica la detención, pues existe la figura legal de la incautación.
Finalmente, el juez rechazó de plano el argumento fiscal de que la detención era necesaria para asegurar futuros actos de investigación derivados de un allanamiento. “La privación de libertad solo procede ante diligencias urgentes e inaplazables que requieran la presencia del investigado, no para garantizar diligencias futuras o inciertas”, sentenció.
Con el rechazo de la detención preliminar, la Fiscalía apuesta ahora por una medida menos lesiva pero igualmente restrictiva: el impedimento de salida del país. La decisión del juez Chuyo Zavaleta se conocerá tras la audiencia del jueves, en un caso que mantiene en vilo a la opinión pública y que pone a prueba la solidez de la estrategia del Ministerio Público en la lucha contra la corrupción electoral.
