Una registradora con 17 años de antigüedad validaba documentos falsos para una mafia liderada por “Tío Luigi”. Los chats con su socio, asesinado en San Isidro, revelaron la trama: exigía pagos, se hacía llamar “Prima” y facilitó el despojo de decenas de propiedades.
Durante 17 años, Carmen Martínez Galván trabajó en la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp) convencida de que jamás sería descubierta. Pero un celular con chats incriminatorios, el asesinato de un sicario en una avenida exclusiva de Lima y una disputa millonaria entre criminales terminaron por delatarla. La funcionaria, que llegó a cobrar hasta US$5 mil mensuales por fuera, es la pieza clave de una organización que despojaba de sus viviendas a personas recién fallecidas.
Fue el homicidio de Daniel Castillo Díaz, ocurrido el 27 de septiembre de 2024 en la avenida Camino Real (San Isidro), lo que abrió la caja negra del caso. El fiscal Juan Orihuela ordenó el deslacrado del celular de la víctima y encontró conversaciones explosivas. En los mensajes de WhatsApp, Castillo, identificado como el brazo derecho del cabecilla Luis Pérez Delgado, alias “Tío Luigi”, coordinaba con Carmen Martínez —a quien llamaba “Prima”— la validación de documentos fraudulentos para usurpar propiedades.
“Buenas noches, primo. No me dices nada. Yo necesito (el dinero), por favor” , escribió Martínez en uno de los chats.
En otra conversación, la registradora reclamaba con dureza la falta de pago:
“Primo, ¿hasta cuándo? Yo necesito, mínimo (US$)3 mil este mes” .
Castillo le respondió: “No te preocupes, prima. Esperando que firmen un documento para que nos paguen” . La replica de ella fue contundente: “Ya, primo. No me huevees” .
La mecánica delictiva era precisa y letal. César Castillo Villanueva, hijo de Daniel y empleado de Sedapal, filtraba la ubicación de viviendas abandonadas tras la muerte de sus dueños. Daniel Castillo falsificaba documentos de traspaso, herencias o donaciones, y Martínez, aprovechando su acceso a los archivos registrales, consignaba la información falsa como válida. Luego, la organización vendía los inmuebles.
Sin su complicidad, admiten fuentes de la investigación, el entramado no habría funcionado durante más de una década. Martínez llegó a conocer a Castillo en 2016, cuando este se presentó en su oficina de Jesús María como un “empresario confundido” que necesitaba ayuda con trámites. Le ofreció un trabajo como asesora personal con pagos mensuales de entre US$4 mil y US$5 mil —muy por encima de su sueldo público— y ella aceptó.
Uno de los últimos despojos en los que participó Martínez fue el de un viejo inmueble en el jirón Paruro 1075, en Mesa Redonda (centro de Lima), valorizado en S/7 millones. Cuando los herederos legítimos descubrieron que sus nombres habían sido suplantados, Daniel Castillo intentó sobornarlos. “Tío Luigi” ofreció US$10 mil, pero la familia exigía S/5 millones.
Convencido de que su socio Castillo lo estaba engañando, “Tío Luigi” ordenó su ejecución. El sicario cumplió el encargo en plena vía pública. La disputa no solo costó una vida, sino que expuso a toda la red: miembros del Poder Judicial, del Archivo General de la Nación y de la propia Sunarp, donde Martínez fungía como “topo”.
El martes 12 de mayo de 2026, la Policía llegó al domicilio de Carmen Martínez Galván, abogada de 53 años, en Magdalena. Había ingresado a Sunarp el 2 de septiembre de 2008 como registradora temporal en Cañete y, desde octubre de 2012, se desempeñaba en la Gerencia de Propiedad Inmueble de Lima. Entre sus funciones oficiales estaban controlar la legalidad de títulos, contratos y escrituras, y autorizar inscripciones de propiedad.
En la mafia, sin embargo, usaba ese poder para inscribir títulos viciados, omitir alertas y dar apariencia de legalidad a las usurpaciones.
Interrogada por el fiscal, Martínez negó conocer a “Tío Luigi”. Pero cuando le mostraron los chats con Daniel Castillo, terminó por aceptar su rol. Incluso se confirmó su intervención directa en la falsa compraventa y sucesión intestada del inmueble de Paruro.
La investigación también salpicó a José Polo Romero, especialista del Juzgado Civil Comercial de Lima, quien influía en magistrados para archivar demandas de la Beneficencia Pública contra la usurpación de sus bienes. En un chat, Daniel Castillo le escribió: “José, chequea ese escrito de la Beneficencia de Lima, la Sala tiene que archivarlo, después arreglamos” .
Polo respondió: “No te preocupes, ya se habló con la Sala (Tercera Sala Civil), lo van a resolver” . Castillo, para presionar, le dijo: “Hermano, que salga todo positivo. Ya tengo tu encargo a la mano. Dime dónde te veo” .
La caída de Carmen Martínez Galván no solo expone la podredumbre en los registros públicos, sino que revela cómo una funcionaria de carrera, tentada por el dinero, traicionó su juramento para facilitar el despojo de muertos. La mafia de “Tío Luigi” operó durante más de diez años con un topo dentro del sistema. Y solo un asesinato en la milla de oro de Lima logró destaparla.
