La nueva Política Nacional al 2050 revela que solo el 37,6% tiene acceso seguro al agua potable. En los cerros de Lima, las familias pagan hasta siete veces más que el resto, mientras el Estado plantea metas ambiciosas sin financiamiento adicional.
Más de 21,3 millones de peruanos —casi dos tercios de la población— consumen agua sin tratamiento o de fuentes no seguras, según un informe oficial presentado por el Gobierno de Perú. La cifra, que incluye datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) hasta 2026, expone una de las brechas de saneamiento más graves de América Latina.
En respuesta, el Ejecutivo aprobó la Política Nacional Multisectorial de Agua Potable y Saneamiento al 2050, un marco obligatorio que reemplaza al anterior de 2017 y que busca universalizar el acceso en 24 años. El documento, publicado por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), reconoce que solo el 37,6% de los peruanos accede a agua potable gestionada de forma segura y apenas el 33,6% cuenta con saneamiento adecuado.
El diagnóstico oficial no oculta las causas estructurales: expansión urbana desordenada, debilidad institucional de los operadores, ocupación informal en suelos de riesgo y una baja valoración social del servicio. En Lima Metropolitana, el 59% de los hogares asentados en pendientes superiores a 30 grados carece de conexión domiciliaria. En zonas de crecimiento reciente, hasta el 49,6% de las viviendas no tiene acceso a la red pública.
La situación es aún más crítica en el ámbito rural, donde solo el 4% de la población recibe agua potable y el 10,3%, saneamiento seguro. En regiones de selva y sierra, la cobertura de agua segura no supera el 22%.
Uno de los datos más reveladores lo aporta la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (SUNASS): una familia de un cerro limeño sin conexión a la red paga hasta siete veces más por el agua que un hogar conectado. Esta paradoja de la pobreza hídrica golpea sobre todo a quienes menos ingresos tienen.
La nueva política fija seis objetivos prioritarios, entre ellos aumentar la confiabilidad de las fuentes, reducir la inequidad en el acceso y promover una cultura ciudadana de valoración del agua. La meta es que en 2050 al menos el 70% de la población tenga acceso seguro a agua y saneamiento, y que se trate el 76,8% de las aguas residuales domésticas y municipales.
Sin embargo, el propio decreto señala que el financiamiento se realizará con los recursos institucionales existentes, sin requerir fondos adicionales del Tesoro Público. Especialistas consultados advierten que, sin inversión extraordinaria, el cierre de la brecha en 24 años parece una meta optimista.
El MVCS liderará el seguimiento junto a CEPLAN, y todos los niveles de gobierno deberán adecuar sus instrumentos de planeación. El cambio de paradigma está sobre el papel: la universalización del acceso al agua deja de ser una aspiración para convertirse en un objetivo estratégico, medible y supervisado. La pregunta que queda en el aire es si el presupuesto y la voluntad política seguirán el mismo ritmo que la urgencia sanitaria.
