Roberto Sánchez endurece su discurso y anuncia que su partido no cejará en su intento de impugnar el resultado de la segunda vuelta, pese a que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) ya ha rechazado todos sus argumentos sobre un supuesto fraude. El candidato de Juntos por el Perú confirmó que su equipo legal evalúa nuevas acciones para retrasar la proclamación de Keiko Fujimori, en un movimiento que expertos interpretan como una estrategia de desgaste procesal.
En declaraciones a la prensa, Sánchez sostuvo que existen “varias causas” en estudio y reiteró su cuestionamiento a los cambios en los lineamientos del voto en el extranjero, aun cuando el Pleno del JNE ya estableció que dichas modificaciones no vulneraron la intangibilidad de las reglas electorales, al tratarse de protocolos operativos y no de normas sustanciales.
“El Jurado Nacional de Elecciones dice que no hay afectación, pero no da razones ni causas. Nosotros vamos a insistir en ello”, afirmó el excandidato, quien evitó reconocer que el tribunal ya desbarató esa narrativa al señalar que los ajustes logísticos no alteraron el fondo del proceso democrático.
En paralelo, el personero legal alterno de Juntos por el Perú en Arequipa, Pablo Salas, presentó una denuncia penal ante el fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, en la que se imputa a autoridades del más alto nivel –incluidos el presidente del JNE, Roberto Burneo; el canciller Carlos Pareja; el exjefe de la ONPE, Piero Corvetto; su actual titular, Bernardo Pachas; la propia Keiko Fujimori; e incluso al embajador de Estados Unidos, Bernie Navarro– una supuesta “operación orquestada desde las esferas del poder” para torcer los resultados.
Sin embargo, el documento no adjunta medio elemento probatorio que respalde esas graves afirmaciones. La denuncia menciona, por ejemplo, un decreto supremo de 2025 sobre remuneraciones diplomáticas como parte de una presunta “cooptación económica”, y sostiene que el cese de embajadores dejó el material electoral en manos de funcionarios interinos, extremo que el canciller Pareja ya desmintió al aclarar que los diplomáticos cesados permanecen en funciones hasta que el próximo gobierno defina su situación.
Otro de los puntos de la acusación retoma la crítica a la herramienta tecnológica STAE, utilizada en primera vuelta, y señala –sin evidencia– que el sistema tenía vulnerabilidades que permitían clonar memorias USB y que habría generado ausentismo en zonas densamente pobladas. El JNE ya se pronunció sobre este tipo de objeciones y las desestimó por improcedentes.
Analistas coinciden en que el recurso a la vía penal, sumado a la amenaza de nuevas impugnaciones, responde a un escenario adverso para Sánchez, quien ve cada vez más lejana la posibilidad de revertir el resultado. La insistencia en señalar al embajador de EE.UU. como presunto “presionador” de las instituciones peruanas, sin ofrecer prueba alguna, refuerza la percepción de que el partido busca instalar ruido mediático más que sustentar una causa legal sólida.
Mientras el JNE ya ha cerrado la puerta a los argumentos técnicos y jurídicos esgrimidos hasta ahora, el equipo de Sánchez apuesta por prolongar artificialmente el conteo y la proclamación oficial, en un movimiento que, para muchos, evidencia más desesperación que convicción democrática.
A menos de 48 horas de que el JNE emita su fallo definitivo, todas las miradas están puestas en si el tribunal tolerará nuevas maniobras dilatorias o si, por el contrario, blindará la voluntad popular expresada en las urnas. Mientras tanto, Roberto Sánchez mantiene su discurso de confrontación, pero su reloj jurídico parece estar llegando al minuto final.
