Un millón de pasajeros en conexión doméstica dejarán de pagar la tarifa anual, pero el Estado aún no revela quién asumirá el costo de la medida ni cómo se compensará al operador.
El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y Lima Airport Partners (LAP) suscribieron el pasado 2 de junio la Adenda N.° 9 al contrato de concesión del aeropuerto Jorge Chávez, un acuerdo que elimina definitivamente el cobro de la Tarifa Unificada de Uso de Aeropuerto (TUUA) nacional de transferencia para pasajeros en conexión. La medida, anunciada en el primer aniversario del nuevo terminal, beneficiará a cerca de un millón de viajeros al año, según cifras oficiales del MTC.
Sin embargo, el alivio para los pasajeros deja en el aire una pregunta clave que ni el Gobierno ni el concesionario han respondido con claridad: ¿quién pagará los ingresos que LAP dejaba de percibir por esta tarifa? Hasta el cierre de esta edición, no se ha definido públicamente el mecanismo de compensación para el operador, un silencio que abre interrogantes sobre el equilibrio financiero de la concesión.
La eliminación de la TUUA nacional de transferencia no fue una decisión improvisada. Durante 2025, el proyecto de cobro para pasajeros en conexión doméstica —originalmente fijado en USD 8,01— generó un fuerte rechazo de aerolíneas, gremios y reguladores. En aquel entonces, Juan Marcos Venegas, gerente de Planeamiento Financiero de LAP, explicó a Infobae Perú que solo USD 3,63 de esa tarifa correspondían al operador privado, mientras que el resto se destinaba a tributos y tasas estatales.
El Estado llegó a evaluar asumir ese costo para no trasladarlo al usuario. El impacto fiscal estimado era de hasta 178,5 millones de soles durante los 15 años restantes de la concesión, una cifra que estuvo sobre la mesa en las negociaciones con el MTC, LAP, Ositrán y las aerolíneas.
A mediados de 2025, Ositrán anuló la tarifa original y abrió un proceso de consulta pública. Los montos propuestos fueron ajustándose: de USD 7,07 a USD 6,79 para nacionales, y de USD 11,32 a USD 10,74 para internacionales. Finalmente, las tarifas definitivas quedaron en USD 6,32 (nacional) y USD 10,05 (internacional), ambas con IGV.
La TUUA internacional empezó a aplicarse en diciembre pasado. La nacional, en cambio, se mantuvo suspendida mientras se buscaba una solución al dilema de financiamiento. Con la Adenda N.° 9, esa solución ha sido la eliminación total del cobro para conexiones domésticas (por ejemplo, Arequipa–Lima–Piura).
El sector aéreo, liderado por LATAM y respaldado por IATA, rechazó sistemáticamente la TUUA nacional de transferencia. Su argumento: Lima perdería competitividad como hub regional frente a otros aeropuertos latinoamericanos que no aplican esta tasa o lo hacen parcialmente. La eliminación del cobro es, en ese sentido, una victoria para las aerolíneas, que ven con buenos ojos la decisión.
Pese al anuncio oficial, persiste una zona gris. En las negociaciones se barajaron varias opciones: subsidio estatal directo, renuncia voluntaria de LAP a su parte de ingreso, o una combinación de ambas. No obstante, el MTC y LAP no han precisado cuál fue la fórmula elegida.
El ministro Aldo Prieto Barrera celebró la medida como un impulso a la conectividad aérea y a la experiencia del viajero. Pero, como advierten especialistas, si el Estado termina subsidiando el ingreso que LAP dejó de percibir, en la práctica la tarifa seguiría siendo pagada por los peruanos… solo que a través de impuestos.
La definición de este mecanismo de compensación será determinante no solo para la sostenibilidad económica del aeropuerto Jorge Chávez, sino también para la transparencia del modelo de concesión. De momento, los pasajeros ya no pagan la TUUA nacional de transferencia. El Estado, aún no dice cómo lo financia.
Además de la eliminación tarifaria, la Adenda N.° 9 incluye disposiciones sobre inversiones de terceros, reversión de áreas para las obras del Metro de Lima y una cláusula anticorrupción. Según el MTC, la medida no afecta las inversiones comprometidas ni las obligaciones financieras del Estado, y Ositrán supervisará los mecanismos de auditoría y transparencia.
