El Pleno del Congreso de la República dio luz verde, con 99 votos a favor, 0 en contra y 1 abstención, al proyecto de ley que regula la venta ambulatoria de huevos de gallina y codorniz –cocidos o pelados– en espacios públicos. La iniciativa, exonerada de segunda votación, crea un marco legal que ordena la actividad, garantiza condiciones sanitarias básicas y pone fin a la persecución municipal contra miles de pequeños comerciantes.
El congresista Wilson Soto Palacios (Acción Popular), autor del proyecto, subrayó que la norma beneficia directamente a más de 7.000 madres de familia que dependen de esta venta. “Son luchadoras y emprendedoras que ahora contarán con seguridad jurídica para trabajar sin temor a ser sancionadas arbitrariamente”, declaró Soto durante la sesión. La ley establece un registro accesible, deberes de limpieza y uso ordenado del espacio público, según detalló el legislador Alejandro Cavero (Avanza País).
La congresista Susel Paredes (Bloque Democrático Progresista) valoró que la norma permita fiscalizar “con justicia y orden” a los vendedores, protegiendo a los emprendedores de bajo capital. Por su parte, la presidenta de la Comisión de Descentralización, Ana Zegarra Saboya (Somos Perú), explicó que el texto responde a la necesidad de modernizar el comercio informal y brindar herramientas de desarrollo a una economía popular que mueve a miles de familias en todo el país.
La Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional del Congreso confirmó la aprobación el 23 de junio de 2026, en línea con un paquete de medidas que buscan reducir la informalidad y garantizar derechos laborales básicos en el comercio minorista. La norma, recaída en el Proyecto de Ley 4933/2022-CR, se enmarca en un esfuerzo legislativo por reconocer actividades tradicionales que sostienen la economía de barrio.
En paralelo, el Parlamento aprobó –en segunda votación y con fuerte resistencia– una ley que traslada al Fuero Militar Policial el juzgamiento de delitos cometidos por efectivos de las Fuerzas Armadas y la Policía en cumplimiento de su función. La medida, impulsada por Fernando Rospigliosi, ha generado controversia al disponer el archivo de procesos civiles sin sentencia firme, incluidos casos de abuso, y dejar sin efecto reparaciones civiles para los implicados. La decisión fue cuestionada por varios congresistas que denunciaron irregularidades en el proceso de reconsideración.
