La disputa judicial en torno al futuro de Vladimiro Montesinos sumó un nuevo capítulo. Su defensa legal presentó una denuncia penal contra el fiscal superior Daniel Alberto Jara Espinoza, a quien acusa de presunto prevaricato por emitir una opinión contraria a su solicitud de sustituir la prisión por detención domiciliaria.
La denuncia fue presentada el pasado 21 de octubre, dos días después de que el representante de la Primera Fiscalía Superior Penal Nacional Especializada en Derechos Humanos y contra el Terrorismo emitiera el Dictamen N.° 032-2026, en el que recomendó declarar infundado el pedido del exasesor presidencial.
Tras esta decisión, los abogados de Montesinos solicitaron al Poder Judicial que el expediente fuera remitido a otro despacho fiscal superior. Como argumento, señalaron que la denuncia penal habría generado una situación de «enemistad manifiesta» y comprometido, según su posición, la objetividad que debe mantener el representante del Ministerio Público durante el proceso.
Sin embargo, la Tercera Sala Penal Superior Nacional Liquidadora Transitoria desestimó el pedido. De acuerdo con la resolución judicial, cuando la defensa presentó la denuncia contra Jara Espinoza, el fiscal ya había emitido su pronunciamiento y devuelto el expediente a la instancia correspondiente.
Los magistrados fundamentaron su decisión en el principio de preclusión procesal, que impide reabrir etapas que ya concluyeron. También señalaron que presentar una denuncia penal o una queja administrativa contra un magistrado no constituye, por sí sola, una razón suficiente para apartarlo del caso.
La Sala consideró, además, que si la defensa estimaba que existían circunstancias que comprometían la imparcialidad del fiscal, debió solicitar su apartamiento antes de que emitiera el dictamen. Al no hacerlo oportunamente, el planteamiento fue rechazado.
El pedido de la defensa se ampara en la Ley 32181, que contempla mecanismos para que personas mayores de 80 años puedan cumplir una condena bajo comparecencia con restricciones o detención domiciliaria, siempre que se cumplan las condiciones legales correspondientes.
En ese contexto, los abogados de Montesinos propusieron como domicilio una vivienda de su cuñado, ubicada en el distrito limeño de San Isidro. El inmueble fue inspeccionado por la Policía Nacional del Perú para comprobar si reúne las condiciones necesarias para una eventual medida de arresto domiciliario.
El abogado Carlos Mariluz explicó que, si el Poder Judicial acepta exclusivamente esta solicitud, su patrocinado tendría que cumplir determinadas restricciones. Entre ellas estaría la prohibición de abandonar Lima sin autorización judicial.
No obstante, la Fiscalía ya expresó su oposición. En su dictamen del 19 de octubre, el fiscal Jara Espinoza recomendó declarar infundada la petición, por lo que la decisión final quedará en manos de los magistrados.
Pese al intento de la defensa por conseguir que otro fiscal revise el expediente, la Sala confirmó que la audiencia se realizará el 24 de noviembre a las 10:00 de la mañana. En esa sesión se evaluarán los argumentos relacionados con la solicitud de variación de la forma de cumplimiento de la condena.
Pero este no es el único frente judicial que enfrenta Montesinos. Su defensa también viene impulsando dos pedidos de refundición de penas, relacionados con los casos Pativilca y Sobres bomba, para que ambas condenas sean absorbidas por la sentencia de 25 años correspondiente al caso Barrios Altos, que, según la defensa, quedó cumplida en junio de 2026.
En el caso Pativilca, vinculado al asesinato de seis campesinos cometido por integrantes del Grupo Colina en 1992, Montesinos recibió en enero de 2024 una condena de 19 años y ocho meses de prisión. Posteriormente, en febrero, la Corte Suprema estableció que dicha pena se extendería hasta el 30 de septiembre de 2037.
Sobre este punto, el fiscal adjunto superior Telmo Michel Morales expresó ante la Sala una posición favorable a la refundición solicitada. Sostuvo que la condena podría quedar comprendida dentro de la sentencia del caso Barrios Altos sin afectar los derechos de las víctimas.
Como sustento, mencionó precedentes del Tribunal Constitucional relacionados con Arturo Pino Díaz y Juan Rivero Lazo, antiguos integrantes del Grupo Colina a quienes también se les aplicó esta figura jurídica.
Así, mientras Montesinos busca modificar las condiciones en las que cumple sus condenas, el Poder Judicial deberá resolver tanto su solicitud de detención domiciliaria como los planteamientos relacionados con la unificación de sus penas. La audiencia del 24 de noviembre será un nuevo momento decisivo en esta disputa judicial.
