Por mayoría, los magistrados declararon improcedente el recurso del expresidente al no encontrar “relevancia constitucional” en sus argumentos; el voto en minoría de Gutiérrez fue la única voz que propuso una audiencia.
El Tribunal Constitucional (TC) rechazó este martes un nuevo hábeas corpus presentado por la defensa del expresidente Pedro Castillo, con el que buscaba dejar sin efecto las dos órdenes de prisión preventiva que pesan en su contra: una por el delito de rebelión, tras el fallido golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022, y otra por presunto liderazgo de una organización criminal durante su mandato.
En su demanda, el exmandatario argumentaba que se habían vulnerado sus derechos a la libertad personal, a la honra y al principio-dignidad humana. Sin embargo, por mayoría, los magistrados declararon improcedente el recurso, al considerar que los argumentos no alcanzaban un “asunto de relevancia constitucional”.
Sobre la prisión preventiva vinculada al proceso por rebelión, el alto tribunal determinó que, en ese extremo, se había producido una sustracción de la materia, al haber sido la medida prolongada en su momento, lo que dejó sin efecto el análisis de fondo.
En cuanto a la prisión preventiva por el caso de organización criminal, los magistrados fueron concluyentes: no existen elementos que justifiquen la nulidad, pues “no se aprecia la amenaza ni la vulneración de los derechos fundamentales” que el recurrente invocaba.
La sentencia contó con el respaldo de los magistrados Luz Pacheco, Helder Domínguez, Francisco Morales, Manuel Monteagudo, César Ochoa y Pedro Hernández. El único en discrepar fue el magistrado Gustavo Gutiérrez, quien emitió un voto en minoría proponiendo que se realice una audiencia para evaluar el caso con mayor detalle.
El rechazo del TC no es el único revés reciente para la defensa de Castillo. En paralelo, el Poder Judicial ha programado para el 8 de abril de 2026 una audiencia clave para evaluar una nueva solicitud de nulidad del proceso penal que enfrenta por presunto liderazgo de organización criminal, tráfico de influencias y colusión.
En este pedido, la defensa sostiene que el debido proceso fue vulnerado debido a la conformación del tribunal encargado del caso, alegando que debió ser un magistrado titular de la Corte Suprema quien lo dirija, conforme a las reglas aplicables a altos funcionarios. De aceptarse la cuestión previa, el proceso podría retroceder a etapas iniciales, afectando directamente la tesis fiscal que sostiene la existencia de una red criminal enquistada en Palacio de Gobierno.
No obstante, fuentes judiciales consultadas coinciden en que las posibilidades de que prospere esta estrategia son prácticamente nulas. Este mismo argumento ya fue presentado por Castillo en el proceso por rebelión y fue rechazado tanto por el Juzgado Supremo como por la Sala Suprema.
El panorama procesal para el exmandatario se agrava aún más. Recientemente, el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria amplió por 20 meses el plazo de investigación preparatoria contra Castillo y otros 97 investigados, bajo el argumento de la extrema complejidad del caso. La Fiscalía deberá analizar, entre otras diligencias, equipos informáticos, tomar declaraciones a 121 personas y realizar pericias sobre obras en diversas regiones.
La tesis fiscal apunta a que Castillo lideraba una red que operó antes y durante su gobierno para manipular contrataciones en sectores estratégicos como Petroperú, Provías Descentralizado y el Ministerio de Vivienda.
A ello se suma que su prisión preventiva fue prolongada por 12 meses más debido al incremento del riesgo de fuga, tras haber sido condenado a 11 años y 5 meses de prisión por el delito de conspiración para la rebelión. El juez Edhin Campos sustentó la decisión señalando que la condena eleva el incentivo para evadirse y que el entorno internacional, con antecedentes de pronunciamientos favorables desde México, configura un escenario propicio para una eventual fuga del exmandatario.
