Roger Arévalo asume la presidencia del directorio en reemplazo de Edgar Zamalloa, mientras la petrolera estatal recurre a esquemas de precompra y evalúa el cierre de unidades no rentables para sobrevivir una semana más sin financiamiento.
En una jornada marcada por las gestiones de emergencia para salvar a la principal petrolera estatal del país, la Junta General de Accionistas de Petroperú formalizó este miércoles la designación de Roger Arévalo Ramírez como nuevo presidente del directorio. El cambio, que se hizo efectivo hoy, se produce en un contexto crítico: la empresa tiene liquidez solo para una semana más de operaciones y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) analiza un millonario rescate de hasta USD 2.000 millones para impedir que caiga en causal de disolución.
La Junta General, integrada en un 60% por el MEF y un 40% por el Ministerio de Energía y Minas (MINEM), aceptó la renuncia de Edgar Zamalloa Gallegos como presidente del directorio y de Miguel Flores Bahamonde como director, quienes dejaron sus cargos el martes 25 de marzo. En su reemplazo, Arévalo Ramírez —quien tiene un vínculo familiar con el extitular de la estatal Hugo Chávez Arévalo— asumió la presidencia, mientras que Richard Almerco ingresó como director independiente. Los nombramientos ya fueron comunicados a la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV).
Fuentes internas señalaron que la salida de la gestión anterior responde a críticas por no ejecutar los lineamientos del directorio y por otorgar una autonomía excesiva al gerente general Gustavo Villa. En la empresa existe el temor de que, ante la urgencia por conseguir financiamiento, puedan aflorar prácticas irregulares. Una fuente externa advirtió que, en el pasado, algunos proveedores que buscaban adelantar el cobro de facturas se vieron presionados a pagar comisiones de hasta un 10% a intermediarios.
“Los cambios buscan garantizar que cualquier nuevo salvataje se gestione con transparencia y se evite una puja entre proveedores adeudados que derive en corrupción”, explicó un vocero de la empresa bajo condición de anonimato.
El nuevo directorio hereda una situación financiera límite. El ratio patrimonial de Petroperú —indicador que mide la relación entre su patrimonio y sus pérdidas acumuladas— ronda el 55%. De acuerdo con la Ley General de Sociedades, si ese indicador alcanza el 67%, la empresa entra en causal de disolución, lo que obligaría a una intervención o liquidación.
Para evitar cruzar ese umbral, el MEF evalúa un inyección de capital de hasta USD 2.000 millones, una cifra que supera ampliamente los 500 millones de soles que se barajaban inicialmente. Esta operación permitiría reducir el ratio a cerca del 40% y alejar el fantasma de la insolvencia.
No obstante, existe una opción alternativa impulsada desde el MEF: otorgar un aval estatal para que Petroperú se endeude en la banca privada. Esta alternativa es vista con cautela por sectores técnicos, ya que incrementaría el pasivo de la empresa y acercaría aún más el ratio patrimonial al límite de la ley. En paralelo, se negocia un reperfilamiento de la deuda con bancos y bonistas para aliviar la presión inmediata sobre la caja.
El nuevo titular del MEF, Rodolfo Acuña, exfuncionario del Banco de la Nación —otra empresa estatal con histórico de pérdidas—, es percibido al interior del sector como un aliado de la intervención estatal para asegurar la continuidad de Petroperú.
La crisis de liquidez ha llevado a la empresa a implementar estrategias de emergencia. Actualmente, Petroperú recurre a esquemas de precompra: los clientes pagan por adelantado, la refinería de Talara procesa el producto y lo entrega posteriormente, generando ingresos sin desembolsos inmediatos.
A esto se suma la evaluación de paradas programadas en unidades específicas —no en toda la refinería— y el posible cierre temporal de activos no rentables como Ilo y El Milagro. Según fuentes internas, sin una solución financiera en los próximos días, la empresa solo podría sostener sus operaciones activas por una semana más.
El cambio en la cúpula también responde a presiones de ProInversión y de los propios trabajadores, quienes han manifestado su malestar por la falta de resultados y el manejo de la gerencia general. Días antes de la junta, el presidente José Balcázar se reunió con sindicatos petroleros y el gremio nacional de transporte de carga pesada, comprometiéndose a emitir un aval estatal para la compra de crudo y a impulsar la derogación del Decreto de Urgencia 010-2025.
Este decreto, que regula la escisión de bloques patrimoniales, había generado temor entre los gremios por una posible privatización indirecta de activos clave como la refinería de Talara. Los transportistas, que respaldaron los anuncios, advirtieron que la continuidad de la crisis podría desencadenar un paro nacional, exigiendo estabilidad en los precios de los combustibles y la continuidad operativa de Petroperú como regulador del mercado.
Con 16 presidentes en los últimos 10 años, la inestabilidad en la dirección de Petroperú ha sido una constante. Ahora, el nuevo directorio no solo deberá sortear la asfixia financiera, sino también responder a las expectativas de un entorno social movilizado y a las exigencias de un Congreso atento a cada paso del rescate estatal.
