Minedu registra 505 procedimientos por presunta violencia sexual contra escolares y 432 docentes investigados

• Una investigación periodística basada en documentos oficiales reveló que más del 60% de los procedimientos administrativos revisados están relacionados con presuntas agresiones sexuales contra estudiantes. Además, un representante del Ministerio de Educación reconoció que actualmente no se realizan evaluaciones psicológicas periódicas a los profesores.

Una preocupante realidad dentro del sistema educativo peruano quedó al descubierto tras una investigación del programa Punto Final. Mediante una solicitud de acceso a la información pública, el equipo periodístico obtuvo del Ministerio de Educación (Minedu) una base de datos con 822 procedimientos administrativos relacionados con presuntas faltas cometidas por trabajadores de instituciones educativas públicas.

De acuerdo con la documentación analizada, 505 de esos registros corresponden a presuntos casos de violencia sexual contra estudiantes, una cifra que representa más del 60% del total revisado y que vuelve a poner en debate los mecanismos de prevención y protección de menores dentro de los colegios.

Es importante precisar que estos registros corresponden a procedimientos administrativos y no constituyen, por sí mismos, sentencias judiciales ni determinan la responsabilidad penal de las personas involucradas. Sin embargo, evidencian la dimensión de las denuncias que deben ser investigadas y atendidas por las autoridades competentes.

Minedu reconoce que no aplica evaluaciones psicológicas periódicas a los docentes

Uno de los aspectos más cuestionados durante el reportaje fue la ausencia de controles psicológicos regulares para los profesores que ya se encuentran trabajando en las instituciones educativas.

Al respecto, Andrés Izaguirre, director general de la Dirección General de Desarrollo Docente (Digedd), fue consultado sobre los mecanismos de supervisión y los filtros que utiliza el sector para impedir que personas involucradas en conductas graves continúen ejerciendo funciones frente a los escolares.

El funcionario explicó que existen procedimientos administrativos para determinar responsabilidades cuando un servidor público incurre en alguna falta. “La responsabilidad por los hechos es personalísima. Si yo, como servidor público, cometo algún tipo de falta, soy merecedor a un proceso administrativo”, señaló.

Sobre los requisitos para ingresar a la carrera docente, indicó que los postulantes deben acreditar formación profesional, contar con un título pedagógico o universitario y cumplir las condiciones de integridad e idoneidad exigidas por la normativa vigente.

La entrevista también puso sobre la mesa una interrogante fundamental: ¿qué sucede con la salud psicológica de los profesores después de ser contratados?

Izaguirre explicó que, conforme a las disposiciones vinculadas con la Ley de Reforma Magisterial, los docentes deben presentar documentación médica y psicológica al momento de su nombramiento. Sin embargo, reconoció que estos controles no se repiten periódicamente durante el ejercicio de sus funciones.

Cuando se le preguntó cada cuánto tiempo se realizan nuevas evaluaciones, respondió que el sector contempla implementar una política al respecto. Ante una pregunta directa sobre si actualmente se aplican pruebas psicológicas después de la contratación, su respuesta fue contundente: “No se realiza una evaluación”.

432 profesores y otros trabajadores figuran en los procedimientos revisados

La información obtenida también permitió identificar a los trabajadores de las instituciones educativas que aparecen vinculados a las investigaciones administrativas.

Según las cifras presentadas en el reportaje, entre ellos figuran 411 profesores, 21 docentes de Educación Física, seis directores y un jefe de laboratorio.

Frente a estos datos, el representante del Minedu aseguró que la institución viene adoptando medidas para atender las denuncias. Entre las acciones mencionó la separación del docente involucrado, la activación de protocolos de intervención, el acompañamiento a las víctimas y la comunicación de los hechos al Ministerio Público y la Policía Nacional.

Sin embargo, el periodista cuestionó que las respuestas del funcionario estuvieran centradas principalmente en actuar después de que se produce una agresión, sin explicar qué estrategias concretas se están implementando para evitar que estos hechos ocurran.

“Director, con todo respeto, pero usted me habla de medidas reactivas, pero no me ha hablado de ninguna medida preventiva. Usted me está hablando de medidas que ejecutan cuando el hecho ya se realizó. Pero ¿qué hace el Ministerio para que esto no vuelva a ocurrir?”, fue la interrogante planteada durante la entrevista.

Ante la insistencia, Izaguirre indicó que se revisará el marco normativo de los procedimientos administrativos disciplinarios y los protocolos de atención. No obstante, durante la conversación no presentó una nueva estrategia preventiva que ya estuviera en funcionamiento.

Denuncias también alcanzan a colegios de distintos distritos de Lima

El análisis de los registros permitió identificar denuncias en diferentes jurisdicciones de Lima Metropolitana. Entre los distritos mencionados aparecen San Juan de Lurigancho, San Juan de Miraflores, Villa El Salvador, Villa María del Triunfo, Pachacámac, Lurín, Ate, Santa Anita, Santiago de Surco, Cercado de Lima, Breña, Rímac, San Martín de Porres, Los Olivos, Independencia, Comas, Carabayllo y Ancón.

De acuerdo con el reportaje, se identificaron 47 docentes vinculados a denuncias por presuntas agresiones sexuales contra estudiantes en 44 instituciones educativas públicas de Lima. En tres de estos colegios aparecen dos profesores diferentes bajo investigación.

La distribución de los casos evidencia que esta problemática requiere una respuesta que no se limite a sancionar a los responsables cuando se producen las denuncias, sino que también fortalezca la vigilancia institucional, los canales de comunicación y los mecanismos de protección para los escolares.

Madre relata la denuncia de abuso sexual contra su hija dentro de un colegio

Más allá de las estadísticas, la investigación periodística recogió el testimonio de una madre que denunció que su hija habría sido víctima de abuso sexual por parte de un profesor cuando cursaba el segundo año de secundaria.

La denuncia involucra a Micelino Tafur Arista, docente de 64 años, a quien la mujer señala como presunto responsable de las agresiones contra la adolescente.

Durante su testimonio, la madre recordó el impacto emocional que le produjo conocer lo sucedido. Según explicó, tanto ella como otros padres consideraban al profesor una persona confiable y respetable, por lo que nunca imaginaron que pudiera estar involucrado en hechos de esta naturaleza.

“Yo como mamá me siento dolida hasta ahora porque no se merece ninguna niña esto. Nosotras como padres le teníamos al profesor como un profesor intachable que no era capaz de hacer estas cosas. Pero cuando mi hija me comentó, me narró todo lo que el profesor le hizo, se me fue a mí como un balazo de agua fría”, manifestó.

Entre los episodios que la adolescente habría relatado a su madre figura un presunto acto de coerción para obligarla a besarlo. “Incluso el profesor le forzó a ella a besarlo. Le agarró del cachete así para que ella lo besara”, declaró la mujer.

Asimismo, describió otro hecho que, según la denuncia, habría ocurrido dentro de un aula. La madre contó que el profesor habría pedido a su hija que lo abrazara y que, durante ese encuentro, presuntamente la sometió sobre unas mesas del salón para cometer la agresión sexual.

“El profesor le pide a mi hija que le dé un abrazo. Y en ese momento el profesor, que mi hija me comenta llorando, la presiona sobre las mesas que estaban dentro de esa aula. Y ahí el profesor cometió su delito, abusando de mi hija”, relató.

La madre también recordó el momento en que se encontró frente al docente denunciado. Según su versión, el hombre intentó acercarse a ambas para conversar y buscar una solución a lo ocurrido. Sin embargo, la adolescente se negó a mantener cualquier diálogo con él y buscó refugio junto a su madre.

“En el momento que nosotros nos vemos cara a cara con el profesor, el profesor me llamó diciéndome: ‘Señora, ven, ven para solucionar las cosas, ven para hablar’. Mencionándole a mi hija que nos acercáramos para solucionar las cosas. Pero mi hija se aferraba a mí y me decía: ‘No, mamá, yo no quiero hablar con él porque él acaba de abusar de mí’”, recordó.

Los testimonios recogidos y las cifras documentadas plantean un desafío urgente para el sistema educativo: garantizar que las escuelas sean espacios seguros para niños y adolescentes, fortalecer los mecanismos de prevención y asegurar que cada denuncia sea investigada con seriedad, celeridad y protección para las víctimas.