José Samamé, detenido por omisión de funciones, pidió respeto para su familia mientras era trasladado a la Dirincri. La Policía no descarta más arrestos por las graves fallas que dejaron 52 mil peruanos sin votar.
José Samamé, exgerente de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), rompió el silencio este lunes con una frase que resume su destino judicial: “Yo tengo que pagar aquí”. El exfuncionario, detenido horas después de renunciar y asumir su responsabilidad por los graves fallos logísticos en las elecciones generales, se pronunció brevemente mientras era trasladado esposado a la sede de la Dirincri, custodiado por un fuerte contingente policial y dentro de un vehículo con lunas polarizadas.
Ante la prensa, Samamé evitó detalles técnicos y lanzó un ruego directo: “Respeten a mi familia, por favor. Mi hija me está viendo”. Luego, al ser insistido sobre su mensaje a la ciudadanía, sentenció sin titubeos: “Yo tengo que pagar aquí”, en una clara asunción de su responsabilidad penal, tal como lo adelantó en su carta de renuncia.
El exgerente enfrenta cargos por el delito de omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales. Actualmente permanece en la Dirincri, donde se le practican las diligencias de ley, como la toma de huellas dactilares y la identificación formal. Las autoridades evalúan ampliar su detención en el marco de las investigaciones preliminares.
Pero Samamé no es el único en la mira. Fuentes policiales citadas por Radio Exitosa no descartan la detención de otros implicados en la cadena de responsabilidad. Las fallas logísticas —que impidieron el normal despliegue del material electoral en varios centros de votación de Lima— provocaron retrasos masivos, instalación tardía de mesas y, en el peor de los casos, 13 locales electorales que nunca abrieron sus puertas. Como consecuencia, las autoridades ampliaron el horario de votación hasta el día siguiente para que cerca de 52,000 peruanos pudieran ejercer su derecho al voto.
En su carta de renuncia, Samamé había afirmado: “Asumo esta decisión para no entorpecer ni generar suspicacias en la integridad, transparencia y ejecución de estos comicios”. Sin embargo, una declaración posterior revelada por La República apunta directamente a su subalterno: “Juan Phang, subgerente de Producción Electoral, debía estar presente en el local de la ONPE en el jirón Washington para verificar la salida de las actas en las unidades móviles”, declaró Samamé ante la policía.
Mientras tanto, la defensa del exfuncionario genera interrogantes. El abogado Juan Carlos Portugal, conocido por haber representado a la expresidenta Dina Boluarte, acudió a la sede policial, pero evitó confirmar si fue contratado por Samamé. “Quisiera decir muchas cosas, pero no las puedo anunciar. El enemigo está en casa”, declaró el letrado, antes de añadir que existen “muchísimas cosas estructurales y procedimentales” por revisar. “El límite de sus preguntas lo coloco yo”, zanjó.
Todo este escándalo ocurre en medio de una jornada electoral histórica. Más de 27,3 millones de peruanos fueron convocados el domingo para elegir a sus autoridades nacionales para el período 2026-2031, incluyendo la Presidencia —cargo que ha visto a ocho mandatarios en los últimos diez años en medio de una espiral de crisis políticas—. Con el 58% del escrutinio oficial, Keiko Fujimori (Fuerza Popular) lidera con el 16,9% de los votos válidos, seguida por Rafael López Aliaga (Renovación Popular) con el 14,08%. De mantenerse esta tendencia, ambos disputarán la segunda vuelta el próximo 7 de junio.
