Una científica argentina fue detenida y liberada bajo medidas cautelares tras sustraer material biológico de alto riesgo de la Universidad de Campinas (Unicamp); el caso reaviva el debate sobre la vulnerabilidad de laboratorios de bioseguridad y sitios nucleares en Brasil.
La Policía Federal de Brasil investiga el hurto de material biológico de alto riesgo ocurrido en la Universidad de Campinas (Unicamp), en el estado de San Pablo, un hecho que ha encendido todas las alertas en la comunidad científica y sanitaria del país. Entre las muestras sustraídas se encontraban los virus H1N1 y H3N2, responsables de la gripe tipo A y con potencial pandémico —como quedó demostrado con el brote de H1N1 en 2009—, además de otros patógenos humanos y porcinos.
El material fue extraído del Laboratorio de Virología y Biotecnología Aplicada del Instituto de Biología de la Unicamp, un espacio clasificado con nivel de bioseguridad 3 (BSL-3), el más alto existente en Brasil para el estudio de agentes infecciosos. Este tipo de instalación está sometido a rigurosos protocolos de contención, ya que alberga patógenos que pueden causar enfermedades graves o mortales, con transmisión predominantemente aérea y capacidad de propagación en la comunidad.
La desaparición de las muestras fue detectada el pasado 13 de febrero por un investigador con acceso al área de almacenamiento. Días después, el lunes, la Policía Federal arrestó en flagrancia a la profesora argentina Soledad Palameta Miller, de 36 años, coordinadora del Laboratorio de Virología y Biotecnología de los Alimentos de la Unicamp. La científica fue acusada de robo, fraude procesal y transporte irregular de material genéticamente modificado, sin autorización y en violación de las normas establecidas por la Comisión Nacional Técnica de Bioseguridad (CTNBio) y los organismos de control.
Según las investigaciones, el material fue trasladado desde el laboratorio BSL-3 hasta la Facultad de Ingeniería de los Alimentos. Las autoridades lograron recuperar las muestras sin que se registrara contaminación externa: parte fue hallada en congeladores de otros laboratorios de la universidad, mientras que otra había sido arrojada a contenedores de basura con evidentes signos de manipulación.
Palameta Miller, quien obtuvo su doctorado en la Unicamp y ha trabajado en el Centro Nacional de Investigación en Energía y Materiales (CNPEM) en proyectos de terapia contra el cáncer, fue puesta en libertad provisional. Como medidas cautelares, tiene prohibido acceder al campus universitario y salir de Brasil sin autorización judicial.
Su defensa legal se ha limitado a señalar que, debido al secreto de sumario decretado por el Noveno Juzgado Federal de Campinas, no se pronunciará sobre el caso fuera del ámbito judicial. Paralelamente, la Policía Federal investiga si el esposo de la acusada, Michael Edward Miller, veterinario y socio en una empresa productora de virus transgénicos, está vinculado al ilícito.
La Unicamp manifestó en un comunicado oficial su colaboración plena con las autoridades y anunció la apertura de una investigación interna para esclarecer los hechos. También el Ministerio de Agricultura, que recibió el material recuperado, mantiene reserva sobre su contenido.
El incidente ha generado una profunda preocupación entre especialistas. Gonzalo Vecina Neto, médico especialista en salud pública y fundador de la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (ANVISA), calificó lo ocurrido como “muy grave”. En declaraciones al canal Band, advirtió que “la sustracción de muestras de un laboratorio BSL-3 representa un riesgo crítico para la salud, ya que implica la manipulación de material genético cuyas consecuencias para la población y para quienes lo manejan son desconocidas”.
El caso ha reavivado en Brasil el debate sobre la seguridad en instalaciones sensibles, justo cuando la Unicamp se prepara para inaugurar en 2027 Orion, el primer laboratorio de nivel de bioseguridad 4 (BSL-4) de América Latina, diseñado para trabajar con los patógenos aéreos más letales y sin vacuna disponible. Si bien la comunidad científica celebra esta oportunidad como un avance estratégico para la autonomía en investigación y producción de vacunas, el reciente suceso pone de relieve la urgencia de formar personal especializado y reforzar los protocolos de contención.
Como señaló el virólogo Fernando Spilki, de la Universidad Feevale, a la revista Nature, “estamos sentados sobre un polvorín en cuanto a los virus que pueden surgir en América Latina”, especialmente ante el avance de la explotación en la Amazonía y el consiguiente contacto con animales portadores de patógenos desconocidos.
La crisis en la Unicamp también ha reavivado la memoria de Brasil sobre otras vulnerabilidades críticas, como las relacionadas con la seguridad nuclear. El miércoles, una sala de control del reactor nuclear del Instituto de Investigaciones Nucleares (IPEN), en San Pablo, registró humo por sobrecalentamiento de dos paneles, aunque el reactor estaba apagado y no hubo consecuencias mayores.
Sin embargo, el país aún no supera el trauma del mayor accidente nuclear fuera de una central eléctrica, ocurrido en septiembre de 1987 en Goiânia. Un aparato de radioterapia abandonado fue desmantelado por dos recolectores de basura, liberando cloruro de cesio, un polvo altamente radiactivo que contaminó a cientos de personas, causó cuatro muertes inmediatas y generó seis toneladas de residuos tóxicos. La serie de Netflix Emergencia Radiactiva ha reavivado el dolor de las víctimas, cuyas organizaciones aún reclaman asistencia médica y reconocimiento.
A ello se suman las denuncias históricas de ex trabajadores de Nuclemon Mínero-Química, expuestos a materiales radiactivos sin protección durante la dictadura militar, cuyos residuos permanecen almacenados en zonas urbanas de San Pablo. Si bien la Comisión Nacional de Energía Nuclear (CNEN) asegura que no existen riesgos significativos para la población, los episodios recientes evidencian la urgencia de reforzar la transparencia y los mecanismos de control en todas las instalaciones de riesgo del país.
