El jefe de la ONPE asegura que no actuó con “mala fe”, pero reconoce un “incumplimiento en tiempos y formas” en el transporte del material electoral. La procuraduría del JNE ya presentó una denuncia penal por presuntos delitos contra el derecho de sufragio.
El jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto, defendió este miércoles su actuación durante el caótico despliegue de las Elecciones 2026, al afirmar ante el Congreso que se retiró a dormir sin conocer la magnitud real de los retrasos que terminaron afectando a más de 211 mesas de sufragio y dejando a miles de ciudadanos sin votar.
“Yo me he ido a dormir sin una información respecto de que podíamos llegar a lo que llegamos”, declaró Corvetto ante la Comisión de Fiscalización y Contraloría, en medio de una denuncia penal presentada en su contra por la procuraduría del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).
El funcionario reconoció que hubo una “falla operativa” concreta, especialmente en 13 locales de Lima Oeste y Lima Sur, pero insistió en que no existió mala fe. “Acá no ha habido mala fe de ninguna manera”, reiteró, al tiempo que pidió “disculpas del caso” por los perjuicios causados a los electores.
Durante su exposición, Corvetto relató que el viernes previo a la jornada electoral recibió información de su equipo sobre retrasos del proveedor, pero con la certeza de que el material llegaría a tiempo. “Se me aseguró que el material llegaba”, afirmó.
Según su versión, no fue alertado sobre un escenario crítico antes de retirarse a descansar. “Si no tengo la seguridad de que hubiera pasado esto, no hubiera dormido y me hubiera conseguido más camiones”, declaró, sugiriendo que una advertencia oportuna habría cambiado su reacción. “Yo lo hubiera comunicado, pero no solamente lo hubiera comunicado, hubiera podido hacer seguramente más”, agregó.
El problema, dijo, se conoció cuando ya no había margen de maniobra. “Lamentablemente, no se me comunicó esta información ya cuando no había más que decidir sacar los camiones sí o sí con lo que habían para poder llegar”, explicó.
La procuraduría del JNE presentó una denuncia penal contra Corvetto y otros cuatro funcionarios por presuntos delitos contra el derecho de sufragio, omisión de actos funcionales y obstaculización del normal desarrollo del acto electoral. Las irregularidades habrían impedido votar a más de 55.000 ciudadanos solo en Lima, aunque otras estimaciones elevan la cifra a 63.000 afectados a nivel nacional.
El procurador Ronald Angulo advirtió que el delito contra el derecho de sufragio contempla penas de entre dos y ocho años de prisión, mientras que la omisión de deberes funcionales podría alcanzar los dos años de cárcel. Corvetto evitó pronunciarse sobre el escenario judicial y señaló que la denuncia deberá ser evaluada por las instancias correspondientes.
Pese a las críticas, el jefe de la ONPE defendió la legitimidad del proceso. “La ONPE ha actuado en todo momento con profesionalismo e integridad”, aseguró ante los congresistas. Calificó los comicios como “la elección más compleja de la historia” y sostuvo que lo ocurrido fue “un error puntual, extraordinario”, no una falla estructural del sistema electoral.
Corvetto admitió que hubo un “incumplimiento en tiempos y formas” en el transporte de los insumos, responsabilizando en particular a la Gerencia de Gestión Electoral y la Subgerencia de Producción Electoral. “Reitero mis disculpas”, manifestó.
El funcionario cerró su intervención insistiendo en que el problema fue corregido al día siguiente y que ello no invalida los resultados generales de los comicios, que definieron a los dos candidatos para la segunda vuelta de junio. “La absoluta legalidad y legitimidad que tiene esta elección está garantizada”, concluyó.
