
El teletrabajo en el sector público vuelve a estar en debate. El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) impulsa una modificación normativa que busca establecer límites al trabajo remoto en determinados puestos del Estado, con el propósito de garantizar que las instituciones públicas mantengan una atención oportuna y eficiente a los ciudadanos.
El ministro Juan Sheput explicó que la iniciativa pretende establecer criterios más precisos sobre las funciones que pueden desarrollarse bajo esta modalidad. La propuesta no supone eliminar el teletrabajo, sino evitar que determinados cargos estratégicos desempeñen todas sus actividades fuera de las instalaciones institucionales.
Para ello, el proyecto plantea modificar el artículo 35 del Reglamento de la Ley N.° 31572, Ley del Teletrabajo. Entre los puestos que quedarían sujetos a esta restricción figuran los directivos, funcionarios de confianza, integrantes de la Alta Dirección y coordinadores de equipos.
«En el Ministerio de Trabajo hemos decidido reformular el reglamento de la Ley de Teletrabajo para que de esa manera se puedan especificar cuáles son las actividades que pueden llevarse bajo esa modalidad», manifestó Sheput en una declaración difundida por el sector.
Las cifras ayudan a dimensionar el alcance de esta modalidad laboral. De acuerdo con información de la Planilla Electrónica citada por el MTPE, a junio de 2026 un total de 21.780 trabajadores del Estado realizaban sus labores mediante teletrabajo, equivalente al 1,3% del personal público registrado.
El análisis del Ministerio de Trabajo, elaborado con información de octubre de 2026, identificó diferencias importantes entre los sectores evaluados. Tres de ellos registraron porcentajes superiores al 20% de trabajadores en modalidad de teletrabajo.
Los resultados fueron los siguientes:
Estas cifras evidencian que la aplicación del trabajo remoto no es homogénea entre las instituciones públicas. Según los argumentos expuestos por el MTPE, la falta de criterios uniformes podría generar dificultades para supervisar al personal, coordinar actividades entre distintas áreas y agilizar la toma de decisiones.
El proyecto busca establecer reglas que permitan determinar qué funciones pueden ejecutarse a distancia y cuáles requieren necesariamente la presencia del trabajador en su centro laboral.
La propuesta no plantea acabar con el teletrabajo en el Estado. Su objetivo es establecer restricciones para los puestos que tienen responsabilidades de dirección, coordinación, supervisión y otras funciones consideradas esenciales para garantizar la continuidad de los servicios públicos.
También se contempla evaluar los puestos administrativos y aquellos indispensables para el funcionamiento de cada institución. La identificación de los cargos compatibles con el trabajo remoto quedaría en manos de las oficinas de Recursos Humanos, que deberán analizar las características y responsabilidades de cada puesto.
Otro aspecto importante de la iniciativa es la regulación del teletrabajo realizado desde el extranjero. El proyecto establece que los servidores públicos no podrán desarrollar sus actividades laborales de manera remota desde fuera del territorio peruano, salvo que se encuentren comprendidos en regímenes especiales.
Entre las excepciones contempladas figuran las funciones diplomáticas, las comisiones oficiales de servicio en el exterior y determinados mecanismos de gestión digital relacionados con el Despacho Presidencial.
Asimismo, la Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir) tendrá la responsabilidad de establecer el periodo máximo permitido para el teletrabajo parcial y determinar qué servicios u órganos podrían funcionar completamente a distancia. Entre los ejemplos mencionados se encuentran la telemedicina y la teleeducación.
En caso de aprobarse la modificación, las entidades públicas dispondrían de 60 días calendario para adecuar los acuerdos y las condiciones de teletrabajo que actualmente mantienen con sus trabajadores.
Por el momento, la propuesta se encuentra en etapa de consulta pública. El MTPE recibirá opiniones, observaciones y aportes de trabajadores, empleadores, instituciones y ciudadanos hasta el 26 de noviembre de 2026.
Concluido este proceso, los comentarios podrán servir para evaluar y ajustar el contenido de la iniciativa antes de continuar con su eventual aprobación.

