
La situación de Petroperú vuelve a estar en el centro del debate económico nacional. Esta vez, las advertencias provienen de Carlos Paredes, economista y expresidente del directorio de la empresa estatal, quien acaba de publicar su nuevo libro El fracaso de una empresa sin dueño: de la debacle a la reestructuración de Petroperú.
En 2020, Paredes ya había expuesto los riesgos de administrar una compañía estatal sin una estructura de propiedad y supervisión efectiva. Sin embargo, los acontecimientos posteriores superaron ampliamente sus proyecciones iniciales.
En esta nueva publicación, el economista examina los factores que llevaron a Petroperú a su actual situación financiera, cuestiona las decisiones adoptadas durante los últimos gobiernos y explica por qué considera que la falta de transparencia constituye uno de los principales obstáculos para recuperar la empresa.
Uno de los puntos más controvertidos de su análisis es el costo de la Refinería de Talara, cuya construcción, según los cálculos presentados en su libro, habría destruido aproximadamente US$8.000 millones de valor para la petrolera.
Paredes explica que su segundo libro es la continuación de La tragedia de las empresas sin dueño: el caso Petroperú. En su primera publicación describió los problemas estructurales de una compañía estatal que, pese a pertenecer formalmente a todos los peruanos, carece de un propietario efectivo que supervise sus decisiones.
No obstante, sostiene que lo ocurrido durante los últimos cinco años fue mucho más grave de lo que había anticipado.
Entre los episodios que recoge menciona los cambios administrativos realizados durante el gobierno de Pedro Castillo, cuando se reemplazó a buena parte del equipo gerencial que había ingresado mediante procesos de selección de profesionales. También recuerda los cuestionamientos surgidos alrededor de determinados procesos de contratación y adquisiciones, entre ellos un concurso para comprar aceite de palma que terminó con un solo participante.
Uno de los aspectos centrales de la publicación es el impacto económico de la construcción de la Refinería de Talara. De acuerdo con las estimaciones de Paredes, el proyecto habría ocasionado una destrucción de valor cercana a los US$8.000 millones, una cifra que supera ampliamente el patrimonio contable que tenía la empresa.
A ello se suma el respaldo financiero que el Estado ha proporcionado a Petroperú. El economista señala que, durante los últimos cuatro años, la compañía recibió alrededor de US$5.000 millones mediante mecanismos de apoyo gubernamental, incluidos decretos de urgencia cuya legalidad ha sido cuestionada.
Pese a esos recursos, la empresa continuaba presentando serios problemas de liquidez. Paredes recuerda que, al cierre del periodo analizado, su capital de trabajo registraba un saldo negativo de aproximadamente US$2.300 millones.
Para el exdirectivo, estas cifras reflejan las consecuencias de una administración marcada por decisiones poco transparentes y resultados financieros desfavorables.
Al explicar las causas de la crisis, Paredes identifica un problema estructural: Petroperú no cuenta con un propietario que ejerza una supervisión permanente y efectiva.
Aunque sus propietarios formales son todos los peruanos, considera que esa condición termina diluyendo las responsabilidades. La empresa tampoco está bajo el ámbito de Fonafe, lo que, según su análisis, debilita los mecanismos de supervisión corporativa.
A esto se suma la elevada rotación de directores y presidentes del directorio, quienes muchas veces permanecen poco tiempo en sus cargos y no llegan a desarrollar un conocimiento profundo de la organización.
El economista también cuestiona la influencia de determinados grupos internos, entre ellos dirigentes sindicales y algunos funcionarios, cuyos intereses —según sostiene— no necesariamente coinciden con los objetivos de la empresa ni con los de sus propietarios, es decir, los ciudadanos.
Para Paredes, la politización de Petroperú ha sido otro factor determinante. Considera que incorporar capital privado permitiría establecer responsabilidades más claras y reducir la intervención política en las decisiones comerciales.
Como ejemplo, recuerda un episodio ocurrido durante su etapa como director de la compañía, cuando una autoridad del Ejecutivo se reunió con la gerencia general y dispuso una reducción del precio del diésel. La decisión, según relata, se tomó sin que el directorio fuera informado previamente.
A su juicio, situaciones como esta demuestran que las decisiones empresariales pueden terminar subordinadas a intereses políticos, incluso cuando afectan la rentabilidad de la compañía.
Respecto a las expectativas de una recuperación financiera, Paredes considera que el proceso de reestructuración puede dar resultados, siempre que se mantenga y se ejecute hasta el final.
Sin embargo, advierte que no debe confundirse la obtención de pequeñas utilidades operativas con una recuperación real. Recuerda que, en una oportunidad, la empresa anunció un margen operativo trimestral cercano a los US$15 millones, pese a que sus gastos financieros superaban los US$300 millones.
Para el economista, presentar cifras positivas aisladas como grandes logros evidencia hasta qué punto se han normalizado los malos resultados de la petrolera.
Su expectativa es que, si las medidas de reorganización se mantienen, Petroperú pueda dejar de generar pérdidas y de depender permanentemente de los recursos públicos. No obstante, estima que los resultados concretos podrían tardar un par de años en hacerse visibles.
Sobre los cuestionamientos a los beneficios laborales y las remuneraciones dentro de Petroperú, Paredes considera que el debate debe centrarse principalmente en la falta de transparencia y en la ausencia de una política de recursos humanos basada en el mérito.
Aclara que no todos los trabajadores perciben salarios elevados y que la empresa enfrenta dificultades para conservar profesionales altamente calificados, quienes pueden encontrar mejores oportunidades en el sector privado.
También cuestiona los incrementos salariales vinculados principalmente a la antigüedad, pues considera que este sistema puede favorecer la permanencia de trabajadores sin una evaluación adecuada de su desempeño.
En su opinión, una organización de esta magnitud necesita establecer mecanismos que premien la capacidad profesional, la productividad y los resultados, en lugar de depender exclusivamente de los años de servicio.
Pese a las críticas, Paredes reconoce algunos avances dentro del actual proceso de reorganización.
Entre ellos destaca la compra de crudo a Ecuador para abastecer las operaciones durante el año, mediante condiciones que considera razonables y sin recurrir a mecanismos de emergencia que, según señala, podían facilitar prácticas irregulares.
Asimismo, menciona la obtención del capital de trabajo que necesitaba la compañía a través de un préstamo. Aunque expresa reservas sobre la tasa de interés pactada, considera que las condiciones financieras podrían revisarse posteriormente.
Sin embargo, recuerda que el endeudamiento de Petroperú sigue siendo elevado y que los recursos utilizados para sus rescates financieros terminan saliendo del presupuesto público. En otras palabras, son los contribuyentes quienes finalmente asumen el costo de las decisiones empresariales.
Finalmente, Paredes plantea que la recuperación de Petroperú debería pasar por incorporar inversión y gestión privada en sus diferentes unidades de negocio.
Su propuesta contempla evaluar alternativas para los terminales del sur, las refinerías de Conchán e Iquitos, las operaciones de Pucallpa, Bayóvar, el Oleoducto Norperuano y la Refinería de Talara.
Según su planteamiento, cada unidad podría ser administrada por operadores especializados mediante concesiones u otros mecanismos de participación privada.
El economista aclara que su propuesta no implica necesariamente vender Petroperú ni privatizarla en su totalidad. Lo que plantea es permitir que inversionistas y operadores privados aporten recursos, experiencia y capacidad de gestión.
El objetivo, sostiene, es establecer una administración más eficiente, reducir la interferencia política y evitar que los ciudadanos continúen financiando las consecuencias de una gestión deficiente.
Noticia recogida de Peru21.pe.