El Gobierno peruano aprobó un nuevo marco legal que fortalece la capacidad sancionadora del OSIPTEL. La medida busca impedir que las empresas de telecomunicaciones posterguen durante años el pago de multas por incumplimientos que afectan a los usuarios.
La norma fue oficializada mediante el Decreto Legislativo N.° 1718, que modifica la Ley N.° 27336 e incorpora el artículo 35-A. Con ello, se establece un régimen disuasivo de ejecución para las resoluciones sancionadoras del regulador.
Uno de los cambios clave es que las multas impuestas por el OSIPTEL se ejecutarán una vez consentidas o cuando se agote la vía administrativa. A partir de ahora, la sola presentación de una demanda judicial ya no suspenderá automáticamente la cobranza.
Este ajuste corrige una práctica frecuente utilizada por las operadoras para dilatar el pago de sanciones durante largos procesos judiciales.
Con el nuevo régimen, las empresas que decidan judicializar una multa deberán presentar una carta fianza bancaria a favor del OSIPTEL por un monto equivalente al de la sanción impuesta.
Dicha garantía deberá ser emitida por una entidad supervisada por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP y tendrá carácter irrevocable, solidario, incondicional y de ejecución inmediata. Así, se asegura el cobro si el fallo judicial resulta favorable al regulador.
El Ejecutivo espera que esta medida reduzca conductas que afectan la calidad, continuidad y seguridad de los servicios de telecomunicaciones. Además, apunta a mejorar la reputación comercial de las empresas, disminuir costos judiciales y aliviar la carga del Poder Judicial, que en la totalidad de casos ha fallado a favor del regulador.
El problema público identificado es el alto número de multas firmes pendientes de pago entre 2020 y 2025. Al tercer trimestre de 2025, el OSIPTEL registró 788 multas impagas que superan los S/ 985 millones, incluidos intereses.
De ese total, S/ 739 millones corresponden a multas judicializadas, S/ 29 millones están en cobranza coactiva y S/ 217 millones siguen en proceso de cobro administrativo.
Con este nuevo régimen, el Gobierno busca reforzar la institucionalidad del OSIPTEL, fortalecer la eficacia del sistema sancionador y desincentivar prácticas dilatorias. El objetivo final es proteger los derechos de los usuarios y promover un desarrollo más eficiente del mercado de telecomunicaciones en el país.
