El candidato de APP califica de “falsas” las imputaciones de su contendor del Frente de la Esperanza, quien lo vinculó con narcotraficantes, una organización criminal y el uso de su universidad como “lavandería”.
En un giro que eleva la tensión política a horas del primer debate presidencial, César Acuña Peralta, candidato de Alianza Para el Progreso (APP), anunció que presentará una querella por difamación contra su oponente Fernando Olivera, del Frente de la Esperanza. La decisión, hecha pública a través de su cuenta en X, responde a una andanada de acusaciones que Olivera lanzó en el cara a cara electoral y que el líder de APP calificó como un ataque directo contra su honor, su familia y su trayectoria.
“Ante las falsas acusaciones de Fernando Olivera en el debate presidencial, he dispuesto que mi equipo legal presente una denuncia penal por difamación. El agravio a mi honor, imagen y buena reputación y la de mi familia no quedará impune. Mi patrimonio se ha construido con trabajo, esfuerzo y educación. La verdad prevalecerá y la ley se impondrá”, escribió Acuña en la red social.
El origen del conflicto se remonta al debate del domingo, cuando Olivera utilizó su tiempo de intervención para lanzar imputaciones de gravedad inédita en la contienda electoral. Sin titubeos, el excongresista y candidato presidencial señaló a Acuña como el líder de “una organización criminal” bajo el nombre de APP, a la vez que lo vinculó directamente con el narcotráfico al mencionar su presunta relación con los Sánchez Paredes, familia liberteña que en el pasado fue investigada por la Policía Antidrogas y el Ministerio Público.
“Señor Acuña, usted lidera una organización criminal que se llama Alianza para el Progreso y tiene esa formación desde tempranamente vincularse a los narcotraficantes, los Sánchez Paredes, de los cuales usted es acusado de ser testaferro, y a partir de ahí utilizar la universidad como lavandería”, enfatizó Olivera en el debate, al tiempo que mostraba una fotografía alusiva.
El candidato del Frente de la Esperanza profundizó sus señalamientos al calificar a la Universidad César Vallejo (UCV), fundada por Acuña, como un mecanismo para el lavado de activos. Además, lo acusó de presionar a estudiantes y trabajadores para que asistan a actos proselitistas bajo amenaza de represalias laborales. “Usted actualmente ejerce la extorsión con sus estudiantes, a quienes obliga a ir a sus mítines, con sus trabajadores bajo amenaza de ser despedidos si es que no concurren a sus mítines”, puntualizó.
Olivera también cuestionó la gestión de Acuña en materia de seguridad ciudadana durante su paso por el gobierno regional de La Libertad, responsabilizándolo del crecimiento de bandas criminales en esa jurisdicción. “Usted tiene que explicar cómo esas bandas han crecido durante su gobierno y no venir a lavarse las manos aquí diciendo que todo es responsabilidad del gobierno central. Explique el origen de su fortuna malhabida, que, de hecho, va a ser investigada y sancionada. Usted terminará condenado”, sentenció.
Frente al embate, Acuña optó por no responder en el momento: solo esbozó una sonrisa y desvió la mirada hacia el sector donde se ubicaban sus asesores, en una actitud que desde entonces ha sido objeto de análisis político.
Cabe recordar que en septiembre de 2024, el propio Acuña reconoció no contar con visa para ingresar a Estados Unidos debido a una investigación por lavado de activos, un antecedente que Olivera aprovechó para reforzar sus críticas.
Hasta el cierre de esta edición, APP no ha brindado detalles sobre los plazos de la acción judicial ni las pruebas que sustentarán la denuncia. Por su parte, Fernando Olivera no ha emitido una respuesta formal sobre la querella anunciada, aunque fuentes cercanas a su comando señalan que mantendrá su postura y está dispuesto a sustentar sus afirmaciones ante la Justicia si fuera necesario.
El caso no solo añade un frente judicial a la ya fragmentada campaña electoral, sino que reaviva el enfrentamiento entre dos figuras con larga trayectoria en la política peruana, ahora en una contienda que parece definirse tanto en las urnas como en los tribunales.
