Una infancia marcada por el plomo y el abandono
Zoe Carrión Trujillo tenía solo 12 años cuando su cuerpo no pudo resistir más. La causa: una intoxicación crónica por metales pesados como plomo, arsénico y mercurio.
Su historia —que ha conmovido al país— es el rostro más doloroso de una crisis ambiental y sanitaria que afecta a miles de peruanos, especialmente en zonas cercanas a operaciones mineras como Cerro de Pasco.
Zoe vivía a pocos metros del tajo abierto Raúl Rojas, una gigantesca excavación operada por la minera Volcán.
Desde los cuatro años fue diagnosticada con intoxicación por metales pesados, y desde entonces su salud se fue deteriorando progresivamente.
“Siempre estaba cansada, dejó de ir a clases, vivía hospitalizada”, relató su madre, Nancy Trujillo.
Un traslado sin respuesta y una atención que nunca llegó
El 12 de mayo, Zoe falleció en el Hospital Nacional Edgardo Rebagliati, en Lima. Fue trasladada de emergencia desde Cerro de Pasco en busca de atención especializada, pero según su familia, esa atención nunca llegó.
Ya antes había sido atendida en el Hospital del Niño de San Borja y derivada incluso a Huánuco, pero ninguna de las instituciones brindó un tratamiento eficaz frente a su condición.
Su madre denuncia que, a pesar de las múltiples alertas médicas y los diagnósticos claros, el sistema de salud no cuenta con centros especializados para tratar a niños intoxicados por metales pesados.
“El Estado nos ha olvidado. La salud de nuestros hijos no puede seguir esperando”, reclamó con indignación.
Una tragedia que no es aislada
La muerte de Zoe ha vuelto a poner sobre la mesa una problemática histórica. En 2018, más de 3,000 personas en Cerro de Pasco —la mayoría menores de edad— fueron diagnosticadas con hasta 14 tipos diferentes de metales tóxicos en la sangre.
Y hoy, según cifras oficiales, más del 30% de la población nacional estaría expuesta a sustancias químicas peligrosas.
Las regiones más afectadas por esta exposición incluyen Pasco, Lambayeque, Ucayali, Cusco, Moquegua, Madre de Dios, Callao, Amazonas y Puno.
El 80% de los pasivos ambientales mineros en Pasco no cuenta con responsables legales ni planes de remediación, lo que agrava aún más la crisis.
Reacción oficial y vacío estructural
Tras la muerte de Zoe, la Municipalidad Provincial de Pasco emitió un comunicado lamentando el fallecimiento y reafirmando su compromiso para exigir acciones concretas al Gobierno Central.
Sin embargo, para muchas familias, las palabras ya no son suficientes.
La Defensoría del Pueblo ha instado al Ejecutivo a implementar de manera urgente el reglamento de la Ley N.º 31189 y su Plan Especial Multisectorial, diseñado para prevenir y tratar los efectos de la exposición a metales pesados.
No obstante, la implementación avanza con lentitud, mientras más vidas se ponen en riesgo.
Conclusión: una deuda de vida
Zoe fue sepultada el 15 de mayo en Huánuco. Su muerte no debe convertirse en una estadística más.
Es una advertencia clara de que la contaminación minera sigue cobrando víctimas inocentes en silencio.
El Estado tiene una deuda urgente con miles de niños que hoy viven envenenados. La salud no puede seguir postergándose.