En una región marcada por escándalos, juicios y condenas a expresidentes, hay un país que rompe con la regla.
Mientras en naciones como Colombia, Brasil o Perú, los exmandatarios cargan con procesos judiciales e incluso sentencias firmes, Uruguay se erige como la única democracia latinoamericana donde ninguno de sus presidentes en el período democrático ha sido investigado o condenado.
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El contraste regional: de Uribe a Fujimori
Colombia vivió un terremoto político en agosto de 2024 cuando el expresidente Álvaro Uribe (2002-2010) fue condenado a 12 años de prisión domiciliaria por fraude procesal y soborno a testigos, convirtiéndose en el primer exmandatario de ese país en recibir una condena judicial firme.
Su defensa ha apelado el fallo, pero el golpe a la política colombiana ya está dado.
En Brasil, Jair Bolsonaro enfrenta un juicio en el Tribunal Supremo acusado de conspirar para desconocer los resultados de las elecciones presidenciales de 2022.
El expresidente niega los cargos, pero el proceso refleja la fragilidad institucional y la polarización en la mayor economía de Sudamérica.
El caso peruano resulta todavía más extremo: ocho expresidentes han sido investigados, imputados o condenados en las últimas décadas.
Desde Alberto Fujimori hasta Pedro Castillo, la lista incluye delitos como corrupción, lavado de activos y violaciones a los derechos humanos. Hoy, varios cumplen condena en la prisión de Barbadillo, en Lima.
Uruguay: austeridad política y calidad democrática
En contraste, Uruguay aparece como un oasis de estabilidad institucional. Según el Democracy Index 2024 del Economist Intelligence Unit, el país ocupa el puesto 15 a nivel mundial y es la única democracia plena de América Latina.
De acuerdo con el politólogo Ángel Arellano, de la Universidad Católica del Uruguay, esta diferencia no se explica por la inexistencia de corrupción, sino por factores culturales y políticos.
“En Uruguay existe una cultura política de respeto por lo público. Lo común es que ministros y parlamentarios usen sus propios autos, caminen entre oficinas y vivan en sus casas de siempre. La ostentación y los privilegios institucionales, frecuentes en otros países, prácticamente no existen aquí”, señala.
La austeridad política, sumada al tamaño del país y a la solidez de sus instituciones, genera un escenario donde los expresidentes transitan su vida después del poder sin enfrentar tribunales ni escándalos.
Judicialización de la política: entre corrupción y lawfare
El panorama latinoamericano evidencia un fenómeno creciente: la judicialización de la política. Existen dos grandes explicaciones:
- La corrupción estructural: Según el Índice de Percepción de la Corrupción 2024 de Transparencia Internacional, América promedia 42/100 puntos, muy por debajo de Europa (64/100). Esta debilidad institucional ha llevado a que múltiples expresidentes enfrenten juicios por sobornos, malversación y enriquecimiento ilícito.
- El uso político de la Justicia (lawfare): Investigadores como Catalina Smulovitz (Universidad Torcuato Di Tella) advierten que, en muchos casos, los procesos judiciales contra expresidentes responden a estrategias de persecución política, sobre todo en contextos electorales. La judicialización, en ese sentido, no siempre fortalece la democracia, sino que puede deslegitimar tanto a la Justicia como a la política.
¿Más juicios, más democracia?
El caso uruguayo cuestiona una idea extendida: que las condenas a expresidentes son signo de salud institucional.
De hecho, países con mayor número de mandatarios procesados —como Perú— figuran muy por debajo en los índices de calidad democrática (puesto 78 en el ranking de The Economist).
La paradoja es evidente: mientras Uruguay demuestra que la prevención y la cultura política pueden blindar a sus mandatarios de escándalos judiciales, gran parte de América Latina sigue atrapada entre la corrupción y el uso partidista de la Justicia.
El desafío pendiente
La excepción uruguaya no significa inmunidad ante la corrupción, sino evidencia de que el fortalecimiento democrático se construye con instituciones sólidas, cultura cívica y austeridad política.
En el resto de la región, los procesos contra expresidentes seguirán marcando la agenda pública.
La pregunta abierta es si la región logrará transformar esta judicialización en un verdadero motor de transparencia o si continuará siendo un arma política más en la disputa por el poder.