Diez años después de la histórica legalización de la marihuana en Uruguay, el modelo de regulación estatal sigue generando debate. Aunque la medida posicionó al país como un referente global en políticas sobre drogas, un reciente estudio advierte que la rigidez del sistema ha impulsado la aparición de un mercado gris, dificultando el acceso para los sectores más vulnerables.
Un modelo único en el mundo
En 2013, el gobierno de José Mujica impulsó una legislación pionera que colocó al Estado en el centro del control de la producción y distribución del cannabis. A diferencia de países como Estados Unidos y Canadá, donde la comercialización recae en empresas privadas con fines de lucro, Uruguay optó por un esquema restrictivo que exige a los consumidores registrarse para adquirir marihuana en farmacias, clubes de membresía o mediante el autocultivo.
Desde la implementación del sistema en 2017, más de 75.000 personas se han registrado como compradores en farmacias, unas 15.000 han optado por clubes cannábicos y más de 11.400 han obtenido licencias para el cultivo personal. Sin embargo, las limitaciones de esta estructura han dado lugar a una creciente economía informal en torno a la sustancia.
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El desafío del mercado gris
Investigadoras de la Universidad Católica del Uruguay y de la Universidad de la República han identificado la aparición de un mercado gris como una de las principales consecuencias no deseadas de la regulación. Según el estudio «Efectos deseados y no deseados de la regulación del cannabis en Uruguay», la combinación de un registro obligatorio, la exclusión de los turistas del sistema de compra y la limitada disponibilidad del producto en farmacias han dificultado el acceso a la marihuana legal, empujando a muchos consumidores a recurrir a fuentes informales.
El informe destaca que la decisión de establecer un control estatal estricto estuvo influenciada por la tradición estatista de Uruguay y por la necesidad de mitigar preocupaciones a nivel nacional e internacional. Sin embargo, esta rigidez ha excluido a consumidores de bajos ingresos, quienes enfrentan barreras para registrarse y acceder a los puntos de venta oficiales.
Cuatro obstáculos clave en la regulación
El estudio identifica cuatro problemas fundamentales que han dificultado la implementación de la ley:
- Poca adhesión de las farmacias: Desde el inicio, muchos farmacéuticos se mostraron reacios a vender cannabis debido a restricciones bancarias y preocupaciones sobre seguridad.
- Cobertura limitada: Existen ciudades sin farmacias habilitadas, lo que obliga a los consumidores a buscar alternativas en el mercado informal.
- Falta de coordinación: Las tensiones entre el Instituto de Regulación y Control del Cannabis, los clubes cannábicos y las farmacias han obstaculizado el funcionamiento del sistema.
- Dificultades políticas: La implementación de la ley ha estado marcada por disputas políticas y falta de consenso entre distintos sectores.
¿Un modelo en evolución?
A pesar de las dificultades, Uruguay ha mantenido su compromiso con la regulación estatal del cannabis, atravesando tres administraciones diferentes desde la promulgación de la ley. Aunque el actual gobierno de Luis Lacalle Pou pertenece a una coalición que incluye sectores contrarios a la legalización, la política ha continuado sin cambios drásticos.
El futuro del modelo uruguayo dependerá de su capacidad para adaptarse a los desafíos actuales. Con una creciente demanda y el avance de nuevas regulaciones en otras partes del mundo, expertos señalan la necesidad de flexibilizar el sistema para hacerlo más accesible y competitivo frente al mercado informal.
Diez años después, Uruguay sigue siendo un experimento global en la regulación del cannabis. Su éxito o fracaso podría servir como referencia para otros países que buscan equilibrar el control estatal con la realidad del consumo.
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