La extorsión a transportistas se ha convertido en uno de los principales focos de inseguridad en el Perú, afectando a conductores, empresarios y usuarios del transporte público. En los últimos meses, los gremios del sector denunciaron amenazas y cobros ilegales por parte de bandas criminales, lo que generó un clima de miedo y el riesgo de paralizaciones que podrían afectar millones de viajes diarios en Lima y regiones.
Tras semanas de tensión, los gremios decidieron apostar por el diálogo con el Gobierno. En una reunión de tres horas con el presidente José Jerí, se alcanzaron varios acuerdos clave para combatir la criminalidad y garantizar la seguridad del transporte público.
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Acuerdos entre transportistas y el Ejecutivo
Durante el encuentro en Palacio de Gobierno, los representantes del gremio aceptaron otorgar una tregua y suspender el paro nacional previsto para el 15 de octubre, condicionando su decisión al cumplimiento de compromisos concretos.
Entre los principales acuerdos destacan:
- Creación de una unidad policial especializada contra la extorsión, que deberá implementarse en un máximo de 15 días.
- Revisión de normas que dificultan la lucha contra el crimen, para fortalecer la protección de conductores y usuarios.
- Reuniones de seguimiento programadas para el 16 de octubre en el Congreso y el 9 de noviembre en Palacio de Gobierno.
- Reactivación de programas de recompensas para identificar y capturar a delincuentes activos.
Martín Ojeda, director de la Cámara Internacional de Transporte, destacó que “los poderes del Estado deben actuar con diligencia, porque si no lo hacen, los perjudicados son los ciudadanos y los transportistas”.
Por su parte, Miguel Palomino, presidente de la Asociación Nacional de Conductores del Perú, advirtió: “No hemos venido a mirarles la cara bonita, sino a exigir que trabajen por el pueblo. Esto es un cheque en blanco, pero si no cumplen, seremos contundentes”.
Recompensas por información sobre cabecillas criminales
Una de las medidas más llamativas anunciadas por el Gobierno es la propuesta de ofrecer recompensas a cabecillas criminales que colaboren con la justicia, revelando información sobre sus propias redes.
Según los dirigentes, esta iniciativa busca “romper la estructura interna de las mafias” que operan en el sector transporte. “La recompensa puede aplicarse a bandas en las que, mediante información interna, se capture a los cabecillas, que suelen ser los principales responsables”, detalló un vocero gremial.
El presidente José Jerí también anunció la creación de un grupo de élite especializado en combatir la corrupción, el sicariato y la extorsión, con incentivos económicos para los agentes involucrados. Este equipo trabajará bajo la supervisión directa del Ministerio del Interior.
Los transportistas se mantienen vigilantes
Pese al compromiso del Ejecutivo, los gremios advirtieron que mantendrán la vigilancia sobre el cumplimiento de las medidas. “Solo en Lima y Callao se realizan más de 14 millones de viajes diarios, y sería un desastre que la falta de acción vuelva a paralizar al país”, recordó Ojeda.
Los dirigentes coincidieron en que la prioridad es garantizar la seguridad de los conductores y usuarios, y aseguraron que la tregua no significa rendición, sino un voto de confianza temporal hacia el nuevo Gobierno.
(Con información de Infobae)