La violencia minera en Pataz deja su marca más cruel. La difusión del video evidencia la presencia de sicarios armados, control territorial criminal y el colapso de la protección estatal en zonas auríferas clave del Perú.
El video filtrado que muestra la ejecución a sangre fría de los 13 trabajadores secuestrados en Pataz ha desatado una ola de horror y rabia en todo el país.
Las imágenes, grabadas presuntamente por los mismos sicarios, revelan la brutalidad con la que operan bandas criminales vinculadas a la minería ilegal, sin temor a la justicia ni al Estado.
Mira: Toque de Queda en Pataz: Dina Boluarte Reacciona Tarde Ante Masacre de 13 Mineros
Los cuerpos fueron hallados dentro de una galería de la mina La Poderosa, días después de que el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, negara públicamente la existencia de una denuncia formal sobre el secuestro.
La respuesta del Estado fue tardía, fragmentada y contradictoria.
🔗 Ministerio del Interior – https://www.mininter.gob.pe
🔗 Policía Nacional del Perú – https://www.policia.gob.pe
🔗 Minera Poderosa – https://www.poderosa.com.pe
Violencia planificada, impunidad asegurada
Las víctimas trabajaban para la empresa R&R, contratista con vínculo formal con La Poderosa.
Según información oficial, la zona fue tomada por grupos armados que controlan bocaminas ilegales y que han convertido esta parte de La Libertad en una trinchera de oro y sangre.
La minería ilegal de oro ha escalado a un nivel insostenible: el 48% del oro exportado por el Perú no es legal, y genera más de 7.400 millones de dólares al año, según el Instituto Peruano de Economía (IPE).
Pese a esta amenaza, el Estado invierte menos de S/ 0,50 por cada S/ 100 del presupuesto de seguridad para combatirla.
Una masacre que el Estado no supo prevenir
La presidenta Dina Boluarte, tras días de silencio, declaró toque de queda en Pataz y ordenó la suspensión de la actividad minera por 30 días.
También autorizó la instalación de una base militar. Pero las acciones llegaron cuando ya era demasiado tarde.
La masacre, grabada, compartida y consumida en redes, no solo es una tragedia, es una evidencia del fracaso institucional. Los asesinos no se esconden. Filman. Exhiben. Amenazan. Y siguen libres.
¿Hasta dónde llegará la violencia si el Estado solo reacciona cuando los muertos ya están alineados en el suelo? La ejecución de estos 13 hombres debe marcar un antes y un después.
Lo que ocurrió en La Poderosa no es solo una tragedia minera: es una advertencia nacional.