La Sunedu confirmó el cierre definitivo de siete universidades durante el 2025 tras comprobar que no cumplían con las condiciones básicas de calidad exigidas por la Ley Universitaria. La medida afecta a miles de estudiantes en diversas regiones del país y marca uno de los procesos de supervisión más estrictos realizados por el regulador.
Según la resolución oficial, las universidades que dejarán de operar son:
- Universidad Alas Peruanas (marzo)
- Universidad José Carlos Mariátegui (abril)
- Universidad Peruana de Ciencias e Informática (abril)
- Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote (julio)
- Universidad Científica del Perú (agosto)
- Universidad Privada San Carlos (agosto)
- Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez (diciembre)
Las inspecciones de Sunedu revelaron deficiencias graves: infraestructura incompleta, laboratorios sin equipos funcionales, locales sin servicios esenciales —como agua potable, internet o telefonía— e incluso construcciones inconclusas que ponían en riesgo la seguridad de estudiantes y trabajadores.
Falencias académicas y de investigación
La Sunedu también detectó que varias de estas instituciones carecían de una política de investigación sólida. Algunas ejecutaron menos del 10 % del presupuesto destinado a proyectos científicos y no contaban con procesos claros para seleccionar o supervisar investigaciones.
En el plano docente, los reportes revelaron baja proporción de profesores a tiempo completo, presencia de docentes bachilleres fuera de plazo, ausencia de concursos meritocráticos y densidades docentes inferiores al 25 % mínimo legal. Esto afecta directamente la calidad educativa y la atención al estudiante.
Los servicios de empleabilidad presentaron un funcionamiento limitado o discontinuo, sin beneficios equitativos para todas las carreras. Además, actividades esenciales como deporte, cultura, asesoría psicológica o atención médica estaban ausentes o desfinanciadas.
Transparencia insuficiente y planes de cierre
Los portales institucionales mostraron datos desactualizados o inconsistentes, lo que dificultaba la fiscalización y vulneraba el derecho a la información de los estudiantes.
Tras recibir la resolución de cierre, cada universidad deberá ejecutar un plan de cese ordenado, que incluye garantizar la reubicación de estudiantes, emitir grados y títulos pendientes y asegurar la protección de los expedientes académicos.
Con este proceso, la Sunedu reafirma su compromiso con una educación universitaria de calidad, asegurando que solo las instituciones que cumplan estándares mínimos continúen operando en el país.