Seis días después de perder su custodia oficial, fue asesinado a balazos. Acusó al Cártel del Golfo y a autoridades estatales de complicidad. Hoy, el Estado guarda silencio.
La muerte que se pudo evitar
Gabriel Hernández Tovar, empresario tamaulipeco y activista del Colectivo 10 de Marzo, fue asesinado en Reynosa la madrugada del 16 de julio de 2025.
Su cuerpo fue encontrado dentro de su camioneta Nissan Frontier blanca, la cual fue hallada en un canal de aguas negras en la colonia Loma Real de Jarachina Sur. El vehículo presentaba múltiples impactos de bala.
Según los reportes preliminares, fue emboscado y perseguido por un grupo armado. Al intentar escapar, perdió el control y cayó al canal. Murió en el lugar. Protección Civil y Bomberos confirmaron el deceso.
Seis días antes, el 10 de julio, las autoridades estatales retiraron su custodia judicial, a pesar de una orden de amparo vigente que exigía su protección por el alto riesgo en el que se encontraba.
¿Quién era Gabriel Hernández?
Gabriel no solo era empresario; era también un sobreviviente. En 2021 fue secuestrado por presuntos integrantes del Cártel del Golfo.
Desde entonces, se convirtió en una de las voces más firmes contra la impunidad de las desapariciones forzadas en Tamaulipas. Se unió al Colectivo 10 de Marzo, liderado por Delia Quiroa, y denunció públicamente crímenes, desapariciones, y vínculos entre autoridades y el crimen organizado.
En junio de 2024, denunció amenazas directas de un presunto criminal identificado como Mario Guitian Rosas, alias “La Chispa”. En un audio dirigido a la periodista Azucena Uresti, alertó:
“Si algo me pasa a mí o a mi familia, el responsable es Mario ‘La Chispa’ y el fiscal Irving Barrios.”
Protección ignorada, justicia ausente
Desde abril de 2023, Gabriel había logrado una resolución judicial que ordenaba su protección a través del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, bajo la responsabilidad de la Fiscalía de Tamaulipas.
Esta medida fue retirada el 10 de julio de 2025 sin explicación, a pesar de que el amparo seguía vigente.
Delia Quiroa denunció el hecho en entrevista con Radio Fórmula:
“El gobierno debía garantizar su seguridad, y no lo hizo. Ahora estamos exigiendo respuestas y justicia.”
A la par, otros integrantes del colectivo también han sido amenazados. Según Quiroa, ese mismo 10 de julio, el Poder Judicial emitió un nuevo acuerdo ordenando protección para dos miembros más, pero el mecanismo federal no ha actuado.
Autoridades señaladas, sin respuestas
Gabriel Hernández no solo denunció al crimen organizado. También señaló directamente a funcionarios estatales de obstaculizar la justicia. El entonces vocero de seguridad de Tamaulipas, Jorge Cuéllar, desestimó sus denuncias, calificándolas de “subjetivas”.
Hasta la fecha, ni el Gobierno de Tamaulipas ni la Fiscalía estatal han dado explicaciones sobre el retiro de la protección ni han ofrecido avances públicos en la investigación del asesinato.
El caso recuerda que en México, denunciar al crimen puede ser una sentencia de muerte. Y cuando el Estado falla en proteger, se convierte en cómplice.
Acción urgente: ¿Quién protege a los que buscan justicia?
Este crimen ha reavivado el miedo entre colectivos de búsqueda, activistas y periodistas en Tamaulipas. ¿Cuántos más deben morir para que el Mecanismo de Protección actúe a tiempo? ¿Qué ocurre cuando el enemigo no solo porta armas, sino también credenciales oficiales?
Este artículo forma parte de una cobertura permanente sobre violencia contra activistas y periodistas en México. Si tienes información o denuncias, puedes escribirnos de forma confidencial. La verdad merece protección.