Los 13 desaparecidos trabajaban para un contratista con permiso activo. La minería ilegal, la informalidad y el crimen organizado convierten a La Libertad en un polvorín sin control estatal efectivo.
La empresa Minera Poderosa confirmó que los 13 trabajadores secuestrados desde el 25 de abril en la provincia de Pataz (La Libertad) prestaban servicios a un minero artesanal con contrato vigente para la explotación aurífera.
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Según la compañía, el ataque fue perpetrado por presuntos criminales que habrían tomado control del socavón vinculado al contratista.
En un comunicado oficial, La Poderosa expresó su profunda preocupación por el aumento de la violencia en la región y lamentó que los operativos recientes de las fuerzas del orden no incluyeran interdicciones en bocaminas ilegales, permitiendo que bandas criminales mantengan control territorial.
▶ Comunicado oficial de Minera Poderosa: https://www.poderosa.com.pe
▶ Ministerio del Interior del Perú: https://www.mininter.gob.pe
▶ Policía Nacional del Perú: https://www.policia.gob.pe
Estado de emergencia y territorio sin ley
Pataz se encuentra en estado de emergencia desde hace más de un año, como respuesta al avance de la minería ilegal y los enfrentamientos entre bandas armadas.
El conflicto no es solo económico: se ha transformado en una guerra por el control territorial, donde sicarios, extorsionadores y grupos armados conviven con mineros artesanales y trabajadores vulnerables.
El general PNP Carlos Llerena, jefe de la III Macro Región Policial La Libertad, informó que se han desplegado 40 agentes especializados en labores de búsqueda y rescate. Sin embargo, aún no se determina el paradero exacto de los trabajadores secuestrados.
Formalización sin protección
El contratista implicado tiene permiso de explotación como minero artesanal, lo que pone en evidencia las brechas críticas del proceso de formalización minera.
Esta categoría legal —entre lo informal y lo formal— se ha convertido en una grieta por donde el crimen organizado penetra con facilidad, poniendo en riesgo a miles de trabajadores sin protección real del Estado.
Mientras las familias exigen respuestas, La Poderosa ha reiterado su disposición a brindar apoyo logístico y colaborar con las investigaciones.
Pero la pregunta persiste: ¿hasta cuándo se permitirá que estas zonas operen bajo leyes paralelas, ajenas al control estatal y a la seguridad ciudadana?