Investigación contra Rodríguez Pastor y Zavala — ¿negocios o negligencia?
El Ministerio Público de Trujillo ha incluido al magnate Carlos Rodríguez Pastor, presidente del Grupo Intercorp, y a su director ejecutivo, Fernando Zavala Lombardi, como investigados por los presuntos delitos de homicidio culposo y lesiones culposas en el caso del colapso del techo del centro comercial Real Plaza Trujillo, ocurrido en febrero de 2025.
De acuerdo con la disposición fiscal dispersada por Epicentro TV, Rodríguez Pastor será citado para declarar de forma presencial el 29 de septiembre a las 9:00 horas, y Zavala a las 14:30 horas del mismo día.
El documento fiscal firmado por la fiscal Carmen Varas Valderrama los incorpora en calidad de “representantes del comité ejecutivo de Real Plaza S.R.L.”, puesto que ocupaban al momento de la tragedia, lo que según la fiscalía constituye, a esta etapa de la pesquisa, “un indicio, a nivel de sospecha inicial simple” para investigar su responsabilidad.
Más allá de los nombres: implicados municipales y compromisos legales
No solo los altos ejecutivos son señalados. El expediente comprende también a trece ex funcionarios y funcionarios de la Municipalidad Provincial de Trujillo.
Entre ellos figuran quienes aprobaron modificaciones de planos, inspecciones relacionadas con el techo y quienes manejaban la gestión de riesgos o desastres municipales.
Se verifica además que la participación de Rodríguez Pastor y Zavala en el comité ejecutivo de Real Plaza S.R.L. estaba registrada oficialmente en la partida N.° 11778294 de Registros Públicos, con vigencia desde agosto de 2023, antes del colapso.
Tragedia, poder y expectativas ciudadanas
El colapso del techo del patio de comidas del Real Plaza en Trujillo dejó seis muertos y más de cien heridos, según versiones oficiales recientes. Este hecho ha desatado indignación, no solo por la magnitud de la pérdida humana, sino también por lo que parece ser una falla institucional, técnica y de responsabilidad ejecutiva.
La inclusión de figuras tan prominentes en la trama —desde presidentes de corporaciones hasta funcionarios públicos encargados de seguridad estructural— plantea preguntas esenciales:
- ¿Se cumplieron las normas de construcción y mantenimiento?
- ¿Hubo omisión en supervisión municipal o desidia corporativa?
- ¿Las licencias, inspecciones y modificaciones fueron aprobadas con todas las garantías técnicas?
Implicaciones legales y sociales
- Responsabilidad penal real: Que se formalice una investigación contra empresarios del calibre de Rodríguez Pastor y Zavala demanda que —si hubiera pruebas— también se avance con sanciones ejemplares para evitar que las grandes fortunas queden exentas de rendir cuentas.
- Confianza ciudadana frente al poder: Esta causa probará si los mecanismos del Estado —fiscalía, municipalidad, registros públicos— funcionan de forma independiente o si el influjo económico y político puede demorar o diluir sanciones.
- Prevención futura: Se espera que este episodio genere reformas claras en normas de seguridad estructural, permisos de modificación de edificaciones y vigilancia municipal.
¿Qué sigue?
- Los investigados deberán presentarse ante la Fiscalía en las fechas establecidas (Rodríguez Pastor a las 9:00 y Zavala a las 14:30) el 29 de setiembre.
- Se espera que en esa diligencia se dé acceso a pruebas técnicas: peritajes del techo, planos modificados, informes municipales, registros de inspección.
- De la prensa y organizaciones de derechos ciudadanos surge la demanda de transparencia: que el expediente no sufra demoras injustificadas, que los responsables municipales también sean sancionados si corresponde, y que las víctimas obtengan reparación justa.
Una prueba de fuego para la justicia peruana
La inclusión de Carlos Rodríguez Pastor y Fernando Zavala en calidad de investigados por la tragedia del Real Plaza Trujillo no es solo un episodio más en los crímenes vinculados a fallas estructurales: es una puesta a prueba del sistema judicial, de la ética empresarial y del rol del Estado en proteger la vida por encima del interés comercial.
Las próximas semanas serán decisivas para demostrar si Perú puede hacer justicia, sin importar quién esté involucrado.