Un nuevo proyecto de ley presentado en el Congreso ha puesto en debate la seguridad de Yape y otras billeteras digitales en el Perú. La iniciativa, impulsada por la congresista María Antonieta Agüero Gutiérrez (Perú Libre), sostiene que incluso las transferencias inmediatas podrían estar siendo utilizadas en modalidades de fraude, estafa y extorsión.
El texto propone que todas las billeteras digitales del país implementen una función opcional que permita al usuario aceptar o rechazar una transferencia antes de que esta sea abonada. La finalidad, según el documento, es fortalecer la seguridad, evitar usos indebidos de cuentas y dificultar operaciones delictivas.
¿Qué cambiaría con la propuesta?
Si la ley se aprueba, los usuarios de Yape, Plin y otras apps verían una nueva opción que solo se activaría si ellos lo desean. Esta función incluiría:
- Aceptar o rechazar manualmente una transferencia entrante antes de que se haga efectiva.
- Configurar recepción automática solo para contactos autorizados.
- Visualizar previamente datos del remitente, monto y otra información relevante antes de confirmar.
El proyecto sostiene que esta medida “disuadiría a los extorsionadores” al eliminar la inmediatez con la que hoy operan. Sin embargo, el propio texto presenta una contradicción clara: en la mayoría de casos de extorsión, la víctima paga, no recibe dinero.
¿Realmente previene extorsiones?
El documento argumenta que los delincuentes también envían montos a cuentas ajenas para “blanquear” operaciones ilícitas o utilizarlas como “mulas digitales”. Al no poder rechazar la transferencia, la persona termina recibiendo dinero que luego es difícil de justificar y que incluso podría implicarla en una investigación.
Aun así, expertos señalan que la relación con las extorsiones no es directa. Si una víctima está obligada a pagar un “cupo” por Yape o Plin, esta función no la protege, porque es el propio criminal quien acepta el dinero, no la víctima. Y si el usuario se negara a recibir un depósito enviado por un extorsionador, eso no detendría el delito y podría incluso generar mayor riesgo.
La iniciativa sí podría ayudar en escenarios de fraude, como transferencias no consentidas o montos enviados con fines de manipulación digital, pero su impacto real en la lucha contra la extorsión sigue siendo debatido.
El proyecto continúa en evaluación y deberá ser discutido en comisiones antes de llegar al pleno del Congreso.