El Congreso vuelve a poner a los influencers en el centro del debate. Un proyecto de ley presentado por el congresista Wilson Soto (Acción Popular) propone regular la actividad de los creadores de contenido y exigirles título profesional o certificación oficial cuando difundan información que pueda afectar la vida, salud física o mental, o el patrimonio del público.
La iniciativa surge tras casos recientes, como la denuncia por presunta estafa relacionada al influencer Crhiss Vanger, que volvió a encender las alarmas sobre el impacto del contenido digital en miles de usuarios.
Pero la propuesta no se queda ahí: busca sancionar la difusión de información falsa sobre tratamientos médicos, dietas extremas, inversiones riesgosas, e incluso contenido que pueda inducir al delito. Las sanciones irían desde inhabilitaciones temporales hasta multas de 5 UIT, equivalentes a S/26,750 para el 2025.
Las nuevas obligaciones de los influencers
Si la ley se aprueba, los creadores de contenido deberán cumplir con un código estricto que incluye:
- Informar de manera veraz y objetiva.
- Verificar previamente la información difundida.
- Citar fuentes oficiales.
- Indicar si el contenido es pagado, gratuito o parte de una colaboración.
- Diferenciar entre opinión y hecho comprobado.
- No promover productos o servicios ilegales o peligrosos.
El incumplimiento podría significar la inhabilitación para ejercer como influencer, streamer o líder de opinión por un periodo de 60 días a un año, dependiendo de la gravedad.
¿Qué se considera infracción grave o muy grave?
- Muy grave: Difundir falsos tratamientos o “curas” sin acreditación profesional.
- Grave: Falsas recomendaciones de alimentación; información que afecte el patrimonio; contenido que induzca a delitos o infracciones; difusión irresponsable sin cumplir con las obligaciones de verificación.
Las sanciones pueden escalar hasta la inhabilitación de 1 a 3 años cuando se trate de infracciones muy graves.
Con este proyecto, el Congreso plantea el marco más estricto hasta ahora para regular el contenido digital en el país, abriendo un intenso debate sobre libertad de expresión, responsabilidad y protección al consumidor en redes sociales.