El reciente anuncio del alcalde provincial de Urubamba, Ronald Vera Gallegos, sobre la posibilidad de cerrar Machu Picchu uno o dos meses desde enero de 2026, desató una ola de críticas y preocupación en todo el país. La propuesta, lanzada en medio de un clima ya tenso por la gestión del ingreso al santuario, generó alarma entre empresarios, autoridades, especialistas y vecinos, quienes advierten que un cierre afectaría gravemente la economía del Cusco y del Perú.
El planteamiento fue recibido como una amenaza directa a la principal fuente de ingresos de la región. Machu Picchu no solo es el atractivo turístico más importante del país, sino también un motor económico que sostiene a miles de familias que dependen del turismo. La reacción fue inmediata: cuestionamientos legales, reclamos por la falta de coordinación y advertencias por el impacto económico que generaría una medida de este tipo.
¿Puede un alcalde cerrar Machu Picchu?
Especialistas en derecho fueron claros al responder: no.
André Sota, profesor de Derecho en la UPC, explicó que el cierre de Machu Picchu solo puede ser decidido por el gobierno central, a través del Ministerio de Cultura, en coordinación con autoridades regionales.
“Un alcalde distrital no tiene competencia para ordenar el cierre del santuario. La Ley 28296 lo establece claramente”, señaló.
Además, advirtió que una decisión unilateral podría incluso derivar en un delito de usurpación de funciones, si se prueba intención de exceder las competencias legales. Autoridades locales y nacionales coincidieron en este punto, dejando claro que el anuncio del alcalde no tiene sustento legal.
Un cierre tendría un enorme impacto económico
La economista Claudia Sícoli, de la UPC, advirtió que cerrar Machu Picchu incluso por uno o dos meses generaría pérdidas enormes.
Recordó que Cusco es el principal exportador de servicios turísticos del país y que el santuario representa el 63% de las exportaciones peruanas en turismo.
Entre enero y septiembre de 2025, Machu Picchu recibió 1.170.389 visitantes, la mayoría turistas extranjeros con un gasto promedio de USD 1.000 a 1.500.
Si el santuario cerrara, se perderían más de USD 150 millones al mes, afectando hoteles, restaurantes, transporte, artesanos y guías turísticos.
La experta agregó que la recuperación no sería inmediata: muchos viajes se programan con seis meses o más de anticipación, por lo que el daño se extendería mucho más allá del tiempo de cierre.
Falta de planificación y problemas de gestión
El anuncio también puso sobre la mesa deficiencias en la administración actual.
Fernando Santoyo, presidente de la Cámara de Comercio del Cusco, afirmó que ninguna autoridad municipal puede tomar esta decisión y que la situación revela fallas en procesos claves como la licitación de la carretera Hiram Bingham.
Según indicó, la municipalidad tuvo meses para avanzar en ese proyecto, pero no hay progresos concretos. Criticó que se esté proponiendo un cierre sin planificación, sin coordinación y sin participación del sector privado, que conoce el funcionamiento del circuito turístico.
¿Se necesita cerrar Machu Picchu para ordenarlo?
Expertos señalan que no.
La economista Sícoli afirmó que lo que se necesita es implementar un sistema unificado y eficiente para la venta de tickets, buses y trenes, supervisado por el gobierno central, además de aplicar las medidas del PERTUR Cusco 2019-2025.
Estas incluyen mejorar la gestión turística, atraer inversiones sostenibles y diversificar la oferta turística hacia experiencias culturales, naturales y de aventura.
“Cerrar Machu Picchu no ordenará el turismo”, remarcó. “Lo que se requiere es coordinación real, medidas técnicas y fortalecer las iniciativas que sí han funcionado, no una decisión que generaría pérdidas millonarias y un daño irreversible a uno de los destinos más emblemáticos del Perú”.