El Poder Judicial, a través de la Corte Superior de Justicia de Loreto, ha dictado cadena perpetua contra un hombre por el delito de violación sexual en agravio de una menor de edad. Este fallo se produjo tras una exhaustiva investigación y proceso judicial llevado a cabo por el Primer Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial de Maynas.
El hecho ocurrió en 2024, en la ciudad de San Lorenzo, provincia de Datem del Marañón, cuando la menor se dirigía a su colegio para participar en un ensayo de danza.
Una comunidad en alerta
Según las investigaciones, la menor fue interceptada por el sentenciado en el trayecto hacia su institución educativa. La rápida intervención de sus padres, apoyados por efectivos de la Policía Nacional del Perú, permitió la denuncia formal y oportuna ante el Ministerio Público.
Gracias a la participación activa de la familia y las autoridades, el caso no quedó impune y avanzó con celeridad dentro del sistema judicial.
En la reciente lectura de sentencia, el tribunal conformado por los jueces Robert Chumbimune, Tania Niño y Samuel Soldevilla resolvió imponer la máxima pena establecida en la ley peruana: cadena perpetua.
El sentenciado cumplirá su condena en el penal de Iquitos, donde permanecerá recluido de por vida. Esta decisión refleja una respuesta firme y necesaria frente a los delitos sexuales cometidos contra menores, considerados de máxima gravedad por la legislación peruana.
Importancia del fallo
El fallo marca un precedente relevante en el distrito judicial de Loreto y fortalece la confianza ciudadana en que el Poder Judicial actúa con severidad ante delitos de abuso infantil. Este tipo de sentencias:
- Refuerzan la lucha contra la impunidad en casos de violencia sexual.
- Sirven como mensaje disuasivo para posibles agresores.
- Reafirman el compromiso de los jueces con la defensa de los derechos de los niños y adolescentes.
El accionar del Poder Judicial en este caso envía un mensaje claro: no habrá tolerancia ante delitos de abuso sexual contra menores. La cadena perpetua impuesta no solo hace justicia por la víctima, sino que reafirma el deber del Estado de proteger a sus ciudadanos más vulnerables.
La sociedad exige cada vez más que los sistemas judiciales actúen con firmeza, y este fallo es una prueba de que la justicia sí puede llegar, si hay voluntad, pruebas y compromiso.
(Con información del Diario La Región)