Un operativo conjunto entre la Policía Nacional del Perú (PNP) y el Ministerio Público (Fiscalía) permitió la desarticulación de una red criminal dedicada a la explotación sexual de mujeres y menores de edad, en un inmueble de cinco pisos ubicado en la Avenida Metropolitana, en el distrito limeño de Ate.
El resultado fue el rescate de siete mujeres, de las cuales tres eran menores de edad, sometidas a condiciones de explotación por parte de una organización conocida como ‘Los Mercenarios de Ate’. Este grupo criminal empleaba redes sociales como WhatsApp, Facebook y Telegram para captar y ofrecer a sus víctimas como parte de un sistema ilícito bien estructurado.
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Un búnker disfrazado de vivienda: la fachada del crimen
Según informó el coronel Jean Bergerot, jefe de la División de Investigación de Trata de Personas, el inmueble intervenido simulaba ser una vivienda o restaurante, pero en realidad funcionaba como un búnker dedicado a la explotación sexual. Estaba acondicionado con espacios tipo discoteca, luces psicodélicas, ambientes privados y venta de alcohol.
Las menores fueron encontradas en ambientes cerrados con restos de sustancias ilícitas, lo que evidencia la dimensión del control y sometimiento al que eran expuestas. El inmueble servía tanto como centro de captación y alojamiento como lugar para la explotación directa.
Cómo operaba la red criminal: captación digital y manipulación
Las investigaciones lideradas por la PNP y la Fiscalía han revelado que los criminales usaban perfiles falsos y anuncios en redes sociales para contactar a jóvenes en situación de vulnerabilidad. Las engañaban con promesas laborales, solo para luego explotarlas bajo coacción.
“Las habitaciones eran casas de acogida y de explotación. Las víctimas eran ofrecidas como productos a través de redes sociales, y encontradas en estado de intoxicación por sustancias ilegales”, detalló el coronel Bergerot.
La red también operaba en otros distritos de Lima, como Comas, Pachacámac y tres más, lo que indica una estructura criminal extendida y con múltiples ramificaciones.
El rol de la Fiscalía: investigación y protección de las víctimas
La Fiscalía Especializada en Trata de Personas, representada por la fiscal Evelyn Taboada, confirmó que se cuenta con una medida judicial de intervención por siete días, lo que permitirá realizar diligencias clave como:
- Recopilación de pruebas
- Declaración de testigos y víctimas
- Examen médico y psicológico a las menores rescatadas
- Determinación de responsabilidad penal
En casos de flagrancia, el plazo de detención es de 48 horas, pero en esta intervención se solicitará una convalidación judicial para extender el tiempo y profundizar en la investigación.
Un operativo articulado: SUAT, Dinoes y fuerzas especiales
El operativo contó con el apoyo de unidades especializadas de la SUAT y la Dinoes, que garantizaron la seguridad del ingreso y detención de los presuntos responsables. Gracias a esta acción rápida y coordinada, se logró proteger a las víctimas y neutralizar el centro de operaciones delictivas.
Los presuntos integrantes de la organización fueron detenidos en el lugar y trasladados a las dependencias judiciales correspondientes, donde enfrentan acusaciones por trata de personas agravada, un delito con penas que pueden superar los 25 años de cárcel.
¿Dónde denunciar? Canales de ayuda disponibles
El éxito de este tipo de operativos también depende del acceso rápido a mecanismos de denuncia y orientación para las víctimas. Estos son los canales oficiales disponibles:
- Línea 100 (MIMP): Atención gratuita y confidencial las 24 horas.
- PNP – División de Trata de Personas: Acude a la comisaría más cercana.
- Fiscalía Especializada en Trata de Personas: Recepción directa de denuncias.
- Chat 100: Plataforma virtual de atención en tiempo real para orientación y denuncias.
El operativo ejecutado por la PNP y la Fiscalía en Ate no solo rescató a víctimas de un entorno violento e inhumano, sino que demostró la efectividad de la articulación interinstitucional cuando se trata de proteger los derechos humanos.
El combate contra la trata de personas, una de las formas más crueles de violencia y esclavitud moderna, requiere de vigilancia constante, compromiso político y acción judicial firme. Casos como este refuerzan el mensaje de que la impunidad no será tolerada, y que las víctimas no están solas.
(Con información de Infobae)