El Poder Judicial dictó 5 meses de prisión preventiva contra la expremier Betssy Chávez, procesada por su participación en el fallido golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022. La decisión fue tomada por el juez supremo Juan Carlos Checkley, quien revocó la comparecencia con restricciones luego de que la exfuncionaria incumpliera reglas de conducta.
La resolución, a la que accedió Infobae, dispone que se cursen órdenes de ubicación y captura a nivel nacional e internacional a la Policía Nacional del Perú y a Interpol, ya que Chávez se encuentra actualmente asilada en la Embajada de México en Lima.
El juez determinó que la expremier dejó de cumplir con su control biométrico, que debía realizar cada siete días, y que tampoco asistió a citaciones judiciales vinculadas al juicio oral por el golpe de Estado. Estas ausencias, sumadas al riesgo de fuga, justificaron el cambio de medida.
Checkley recordó que desde el inicio del proceso, la Corte Suprema advirtió un peligro latente de fuga y obstaculización, pues tras el golpe Chávez intentó llegar a la Embajada de México, retiró equipos de la PCM y ocultó su celular. El magistrado señaló que Chávez habría aprovechado su libertad —otorgada previamente por el Tribunal Constitucional— para refugiarse en la sede diplomática, intensificando el riesgo procesal.
Inhabilitación pendiente
El Congreso no logró los 68 votos necesarios para inhabilitar a Betssy Chávez por 10 años. Solo obtuvo 63 votos a favor, por lo que, de momento, la ex primera ministra no queda fuera de las Elecciones 2026.
Sin embargo, su situación aún no está definida. Los congresistas Jorge Montoya, Norma Yarrow y Eduardo Castillo han solicitado una reconsideración de la votación, lo que podría reabrir el debate. La fecha será determinada por la Mesa Directiva presidida por Fernando Rospigliosi.
Salvoconducto en suspenso
En paralelo, el Gobierno peruano aplazó la decisión sobre el salvoconducto solicitado por México. El canciller Hugo de Zela anunció que el Perú pedirá orientación a la OEA, argumentando que el derecho de asilo no debe usarse para evadir procesos judiciales. El caso será expuesto en Washington a inicios de diciembre para obtener respaldo regional.
Con esta decisión judicial, el proceso contra Betssy Chávez entra en una fase decisiva, marcada por una orden internacional de captura, un Congreso dividido y un debate diplomático abierto sobre los límites del asilo político.