El Noveno Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional dictó siete días de detención preliminar contra el suboficial PNP Luis Magallanes, acusado del homicidio del joven manifestante Eduardo Ruiz durante la marcha nacional del pasado 15 de octubre.
La medida, dispuesta por el juez Abel Centeno, establece que Magallanes permanecerá detenido hasta el 23 de octubre, salvo que la Fiscalía formalice la investigación preparatoria y solicite prisión preventiva. En cambio, el magistrado rechazó dictar detención contra el segundo suboficial implicado, Omar Saavedra, al considerar que no existen indicios suficientes de su participación directa en el hecho.
Saavedra tampoco recibió comparecencia con restricciones, pero deberá acudir a todas las diligencias del Ministerio Público, bajo advertencia de posibles sanciones si incumple.
La defensa de Magallanes, encabezada por el abogado Stefano Miranda, anunció que apelará la resolución. Durante la audiencia, se registró un incidente cuando la defensa de Saavedra no respondió los llamados del juez, motivo por el cual se ordenó su notificación por casilla electrónica.
Contradicciones entre Interior y la Policía
El caso de Luis Magallanes ha generado controversia debido a las versiones contradictorias entre el comandante general de la Policía Nacional del Perú, Óscar Arriola, y el ministro del Interior, Vicente Tiburcio.
Arriola identificó a Magallanes como el autor del disparo que causó la muerte de Eduardo Ruiz, ofreciendo disculpas públicas a nombre de la institución y asegurando que los efectivos involucrados fueron separados del operativo para garantizar una investigación “transparente”.
Por su parte, el ministro Tiburcio pidió cautela y señaló que aún no se ha confirmado si la bala que acabó con la vida del manifestante provino del arma de Magallanes. “Deberán agotarse las investigaciones a fin de delimitar las responsabilidades y esclarecer las circunstancias del hecho”, subrayó.
El abogado Miranda, en defensa de su cliente, sostuvo que Magallanes disparó al suelo con la intención de dispersar a un grupo de manifestantes agresivos y que en ningún momento apuntó a una persona. Además, denunció que su arma fue robada durante el enfrentamiento, lo que dificultará las pericias balísticas.
Miranda también criticó al general Arriola, acusándolo de intentar proteger a mandos superiores. “Hay tanta lavada de manos. Mandas a un personal de investigación criminal a hacer trabajo de inteligencia en medio de una marcha, lo mandas como carne de cañón”, declaró.
Mientras tanto, tanto el general Arriola como el ministro Tiburcio coincidieron en que será la propia Policía Nacional del Perú la encargada de realizar las diligencias iniciales, conforme a la Ley 32130.