Un proyecto para blindar la “soberanía”
En un acto con la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, la presidenta Dina Boluarte anunció la próxima presentación de un proyecto de ley destinado a “defender la soberanía nacional”.
En sus palabras: “Es imperativo que el Estado se defienda… No vamos a permitir que organismos internacionales interfieran en nuestras decisiones soberanas” .
Este anuncio se enmarca en una escalada de confrontación con el Sistema Interamericano de Derechos Humanos —que incluye la Comisión (CIDH) y la Corte Interamericana (Corte IDH)— y refleja un giro decidido hacia el repliegue frente a organismos internacionales.
¿Por qué ahora? Contexto de una estrategia política
- Ley de amnistía: El 13 de agosto de 2025, Boluarte promulgó una polémica ley de amnistía que beneficia a policías, militares y comités de autodefensa implicados en violaciones de derechos humanos entre 1980 y 2000. Esta norma ha sido fuertemente criticada por organizaciones como Human Rights Watch, que la considera un “traición a las víctimas” y una amenaza al Estado de derecho.
- Desacato a la Corte IDH: La Corte había ordenado suspender el trámite de la ley para garantizar justicia a las víctimas. Sin embargo, Boluarte defendió su aprobación como un acto de honor hacia quienes enfrentaron el terrorismo.
- Alianza con el Congreso: El Ejecutivo y el Congreso impulsan juntos iniciativas como mesas de trabajo sobre pena de muerte —contrarias a la Convención Americana— y proyectos para denunciar el Pacto de San José. El ministro de Relaciones Exteriores, Elmer Schialer, anunció la pronta instalación de una comisión multisectorial para evaluar la permanencia de Perú en la Corte IDH.
Voces expertas: ¿es viable legalmente?
Julissa Mantilla, expresidenta de la CIDH, afirma que retirarse del sistema interamericano “requiere denunciar formalmente la Convención Americana ante la OEA”, proceso que demora al menos un año y no suspende la competencia de la Corte sobre el país . Además, lo considera una estrategia populista para legitimar la impunidad.
Factores políticos detrás del avance de Santiváñez
Juan José Santiváñez, recientemente nombrado ministro de Justicia y Derechos Humanos, fue quien planteó —el 20 de marzo durante su moción de censura— la salida del Perú de la Corte IDH, cuestionando su relevancia . Su regreso al gabinete ha sido interpretado como un indicio de que esa propuesta podría concretarse por fin.
Crítica a la justicia interna: un ataque a la Fiscalía
Boluarte cargó contra la Fiscalía por el allanamiento a la vivienda de su hermano Nicanor, cuestionando la legitimidad de las investigaciones y sugiriendo que los fiscales deberían autoinvestigarse por su patrimonio. Esto refuerza una percepción de constante tensión entre el Ejecutivo y la justicia, poniendo en relieve posibles conflictos de interés.
¿Soberanía o retroceso democrático?
El anuncio del retiro del Perú de la Corte IDH parece menos un acto defensivo y más una jugada estratégica para cerrar espacios de rendición de cuentas, activar la impunidad y silenciar voces de justicia.
¿Qué sigue? Legalmente, cualquier salida formal tomará al menos un año y no eliminará de inmediato la competencia de la Corte. Pero políticamente, el mensaje ya está lanzado: una ruptura simbólica y legislativa que daña la imagen democrática del país.