Perú ha sido incluido en una lista alarmante junto a Venezuela, El Salvador, Paraguay y Guatemala como uno de los países que restringen activamente el espacio cívico en la región. Así lo advierte el reciente informe “Curtailing Civic Space: Tightening Restrictions on Civil Society in the Americas” del Washington Office on Latin America (WOLA), un centro de análisis especializado con sede en Washington D.C.
Según el documento, el gobierno de Perú ha aprobado leyes que dificultan —cuando no imposibilitan— el funcionamiento de organizaciones sociales, medios independientes y defensores de derechos humanos. Las autoras del informe, Maureen Meyer y Corie Welch, señalan que se trata de una tendencia regional, pero que en el caso peruano adopta rasgos particularmente preocupantes por el uso de herramientas legales para reprimir el activismo.
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Una ley que paraliza a la sociedad civil
El informe centra su análisis en la ley aprobada por el Congreso en marzo de 2025, conocida como la “Ley Anti ONG” o “Ley AntiJusticia”. Esta norma convierte a la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI) en un organismo autorizador con poder para aprobar o bloquear proyectos de organizaciones que reciben financiamiento internacional, lo que ha sido interpretado como un mecanismo de censura y control político.
Uno de los puntos más controvertidos de la ley es que cualquier acción legal contra el Estado por parte de una organización puede ser clasificada como infracción muy grave, sujeta a multas severas y la suspensión del estatus legal de la entidad. Esto afecta directamente a ONGs que brindan apoyo a víctimas de abusos, a medios de investigación y a comunidades vulnerables.
Críticas nacionales e internacionales
Diversos organismos, como la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), han condenado esta legislación, por considerar que obstaculiza el acceso a la justicia, restringe la libertad de expresión y criminaliza la defensa de derechos fundamentales.
Asimismo, más de 300 periodistas y organizaciones internacionales firmaron una declaración conjunta que denuncia cómo esta ley interfiere en la labor periodística, ya que prohíbe utilizar fondos de cooperación internacional para iniciar acciones legales contra el Estado, incluyendo litigios por acceso a la información pública.
¿Inspirada en modelos autoritarios?
Uno de los hallazgos más impactantes del informe de WOLA es la conexión entre esta legislación peruana y las leyes aplicadas en regímenes autoritarios como el de Rusia y Nicaragua. En ambos casos, las organizaciones que reciben financiamiento extranjero y promueven actividades políticas son etiquetadas como “agentes extranjeros” y son objeto de vigilancia, cierre y confiscación de bienes.
WOLA advierte que Perú está adoptando este mismo modelo, limitando el financiamiento internacional, penalizando el activismo legal e impidiendo el desarrollo de proyectos que no sean afines al gobierno de turno. Esto representa una amenaza directa a las libertades civiles y al derecho a participar en asuntos públicos.
¿Hacia dónde va el país?
Con este nuevo marco legal, Perú se aleja del estándar democrático regional y se encamina hacia una gobernanza autoritaria, alertan expertos. Si bien la ley ha sido promovida por sectores conservadores del Congreso, sus efectos pueden extenderse sobre toda la sociedad civil, reduciendo la vigilancia ciudadana y debilitando los mecanismos de rendición de cuentas.
El informe concluye señalando que la presión internacional será clave para revertir estas medidas, y llama a los organismos multilaterales, donantes y otros gobiernos a no ignorar lo que ocurre en el país andino.
(Con información de Infobae)