El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), organismo del Banco Mundial, ordenó que el Perú pague 302 millones de dólares a la empresa española Enagás, como compensación por la cancelación del proyecto Gasoducto Sur Peruano (GSP).
El anuncio fue emitido el 26 de mayo, luego de una solicitud de corrección del fallo inicial presentada por Enagás. En diciembre de 2024, el tribunal arbitral había determinado una indemnización de 194 millones de dólares, pero tras recalcular intereses y costas, el monto se incrementó en más de 100 millones.
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¿Qué originó el conflicto?
El conflicto se remonta al 2017, cuando el entonces gobierno de Pedro Pablo Kuczynski anuló el contrato para desarrollar el megaproyecto de 7.000 millones de dólares. El consorcio estaba conformado por Odebrecht, Graña y Montero y Enagás, cada una con un 25% de participación. La cancelación se dio en medio del escándalo por corrupción de Odebrecht, que sacudió a varios países de la región.
Desde entonces, el caso ha sido seguido tanto por el Estado peruano como por observadores internacionales, marcando un nuevo hito con este fallo rectificado del CIADI.
Repatriación de dividendos y postura de Enagás
Además del arbitraje, Enagás denunció restricciones para repatriar dividendos desde el Perú, específicamente desde Transportadora de Gas del Perú (TGP). El CIADI determinó que esas restricciones vulneran los acuerdos de protección de inversiones.
La empresa ha manifestado su disposición a negociar un acuerdo amistoso y confirmó que mantiene depósitos por 65 millones de dólares en bancos peruanos, en cumplimiento de la normativa local.
Otros arbitrajes pendientes contra Perú
El caso de Enagás es uno de varios procesos internacionales que enfrenta el Estado peruano:
- Kuntur Wasi: 91.2 millones por el contrato del aeropuerto de Chinchero
- Metro de Lima Línea 2 S.A.: fallo pendiente
- Brookfield Corporation: reclamo parcialmente aceptado
- Kaloti Metals: fallo favorable para Perú
Estos litigios no solo representan riesgos fiscales, sino también un impacto negativo en la reputación internacional del país. Hasta la fecha, el Gobierno peruano no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre el nuevo fallo a favor de Enagás.
(Con información de Infobae)